La ONU pide información a España sobre la dispersión de etarras y la aplicación de la 'doctrina Parot'

El Comité Contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas ha pedido a España información sobre la política penitenciaria con los presos de ETA y la aplicación de la denominada 'doctrina Parot' usada, sobre todo, para alargar los internamientos de reclusos terroristas.enviado al Gobierno sobre el respeto de los derechos humanos en España. En su misiva, el organismo internacional se interesa, entre otros asuntos, por la lucha antiterrorista, y, en particular

El escrito de la ONU, que contiene un listado de 39 cuestiones y que fue remitido el pasado 14 de mayo, pregunta al Ejecutivo si ha habido "novedades" en la "práctica de dispersión de presos condenados o inculpados por delitos de terrorismo". Los expertos de Naciones Unidas, explicaron responsables de este organismo, quieren saber sobre el motivo de los últimos movimientos (acercamientos y alejamientos) de destacados miembros de ETA y de los que se han hecho eco diversos medios informativos.

Por primera vez, el CAT se interesa también por la aplicación de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en su sentencia 197/2006 y según la cual la reducción por beneficios penitenciarios se debe aplicar respecto a cada una de las penas y no sobre el máximo legal de permanencia en la cárcel, que son 30 años.

Esta doctrina, que se aplicó por primera vez para evitar la salida prematura de prisión del etarra Henri Parot, ya ha retrasado la excarcelación en los últimos tres años de unos 40 miembros de ETA, que en la mayoría de los casos verán alargado su tiempo en prisión en unos diez años. Sólo en 2009, 19 etarras que debían volver a la calle se quedarán en la cárcel por la aplicación de la 'doctrina Parot'.

El cuestionario de la ONU sobre el quinto informe periódico sobre España no sólo incluye preguntas, sino también alguna queja, sobre todo por el tratamiento penal del terrorismo. El comité asegura que, según la información que dispone, ocho de los diez artículos sobre terrorismo del Código Penal contienen "disposiciones demasiados amplias y no observarían cabalmente el requisito del principio del bien establecido de legalidad".

La ONU se refiere a los artículos que van del 572 al 579, que suponen el grueso de la tipificación del terrorismo y que, entre otras cosas, penan la pertenencia o colaboración con banda armada, el secuestro, las amenazas, la tenencia de armas y explosivos, la financiación o el enaltecimiento.

En ese capítulo, Naciones Unidas pide información a España sobre el seguimiento de las recientes recomendaciones del relator especial "sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo" y sobre la petición de la ONU de que "expertos independientes" examinen "si esos artículos del Código Penal se ajustan a las definiciones vigentes".

Como en la gran mayoría de informes referidos a España, una vez más el Comité Contra la Tortura reitera su "inquietud" sobre el régimen de incomunicación a detenidos, aplicado fundamentalmente a terroristas, porque este aislamiento es "considerado una circunstancia que pude facilitar la comisión de actos de torturas y malos tratos". La ONU reclama información a España sobre las medidas puestas en marcha para "supervisar el trato y las condiciones de los detenidos en régimen de incomunicación".