La familia de Couso acusa a la fiscalía de ignorar al Supremo por no instar a que se reabra la causa de su muerte

La familia del cámara de Tele 5 fallecido en Bagdad (Iraq), José Couso, acusó a la fiscalía de "ignorar la jurisdicción del Tribunal Supremo", después de que éste ordenara la reapertura de la causa en 2006. Del mismo modo, el fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, rechazó ante la Sección Segunda de la Sala de lo penal, la decisión del juez Santiago Pedraz de procesar a tres militares estadounidenses, presuntamente implicados en la muerte del periodista e incluso solicitó el archivo definitivo de la causa, ya que, a su juicio, la muerte de Couso "no es un crimen de guerra ni un asesinato".

La celebración de esta vista, que tuvo lugar a puerta cerrada en la Audiencia Nacional, duró algo más de una hora en la que se discutió el recurso presentado por la propia Fiscalía contra el auto de procesamiento del juez Pedraz. En sus alegaciones el representante del Ministerio Público insistió en que "no hubo intencionalidad por parte de los militares para acabar con la vida de Couso".

En este sentido, aunque admitió que la Audiencia Nacional "es competente para investigar los crímenes de guerra", en este caso puntualizó que los hechos "carecen del dolo necesario que recoge el convenio de Ginebra como requisito para llevar a cabo la investigación". De este modo, señaló durante el proceso, la muerte de Couso no es, a su juicio, "un crimen de guerra ni un asesinato", y por ello solicitó el archivo definitivo de esta causa.

Pero estas respuestas no convencieron a los abogados que ejercen la acusación. En primer lugar habló el 'representante' de los hermanos del cámara fallecido, Enrique Santiago, quien explicó que "los argumentos del fiscal carecen de ningún fundamento ya que ha quedado acreditado", que el proyectil que impactó en el hotel en el que se hospedaba el cámara y que acabó con su vida respondió "a un ataque indiscriminado con absoluto conocimiento de que se trataba de una hotel de periodistas protegido internacionalmente".

En ese sentido, acusó a la Fiscalía de "rehuir" la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó por unanimidad en diciembre de 2006 la reapertura de la investigación para esclarecer el asesinato del cámara. "Ha intentado anticiparse a la celebración del juicio oral y ha demostrado una ignorancia con respecto a la sentencia del alto tribunal", añadió Santiago.

En la misma línea se manifestaron el resto de letrados que se limitaron a adherirse a los argumentos del primero. El resto de la acusación está representada por el abogado de la viuda de Couso, Leopoldo Torres, la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación de Cámaras de Televisión (ACTV) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Esta última no se presentó a la vista. Por su parte, el hermano del cámara fallecido, Javier Couso, en declaraciones a los medios, se mostró "optimista" tras conocer el desarrollo de la vista y denunció que la postura de la Fiscalía "no responde a criterios jurídicos sino a motivo espurios".

Ausencia de García Nicolás

Esta vista de apelación se ha dilatado en el tiempo a consecuencia de la presentación, por parte de la familia del cámara, de una petición de recusación del presidente del tribunal encargado de estudiar la apelación, el juez Fernando García Nicolás. Los familiares de Couso solicitaron el pasado mes de diciembre que el magistrado se abstuviera en este caso o en su defecto fuera retirado de la terna de jueces encargados de analizar la apelación contra la decisión de Pedraz, al considerar que García Nicolás no podía ser objetivamente imparcial dado que intervino en la decisión de archivar la causa tomada por la Audiencia Nacional en marzo de 2006.

No obstante, la Sala de lo Penal decidió finalmente mantener a García Nicolás en el tribunal encargado de analizar la apelación, aunque este lunes este magistrado no estuvo en la sala por lo que no podrá decidir sobre este asunto finalmente. La razón es que fue convocado para una Sala de Gobierno de los jueces de la Audiencia Nacional de la que no pudo ausentarse al ser presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, informaron fuentes jurídicas. De este modo, el tribunal estuvo formado Ángel Hurtado, en calidad de presidente, Fermín Echarri, y Ricardo de Prada.