La Audiencia Nacional advirtió ayer de que la ley discrimina a los españoles no catalanes cuyos documentos fueron incautados por el franquismo, ya que para ellos no existe una norma como la 21/2005 -aprobada para devolver a la Generalitat los llamados 'papeles de Salamanca';- que regule su restitución.

La advertencia la hace este tribunal en una sentencia en la que declara el derecho de los herederos de Ángel Ossorio y Gallardo -que fue ministro de Fomento durante el reinado de Alfonso XIII- a que el Ministerio de Cultura les diga si la documentación incautada a su familiar se halla en el Archivo General de la Guerra Civil, pero rechaza su devolución porque no hay "sustento legal" para ello. "Sería deseable que, a la mayor brevedad posible, el legislador, al igual que ha hecho con los documentos de personas naturales incautados en Cataluña a causa de la Guerra Civil de 1936 a 1939, y en aras a preservar ese derecho (...) a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución, regulara igualmente la restitución de los documentos que se incautaron a las personas naturales en el resto de España y en circunstancias similares", señala la sentencia.

El tribunal añade que muchos de los documentos incautados por el franquismo y custodiados en el Archivo de Salamanca, como los que reclaman los Ossorio, "constituyen la memoria de las personas a quienes pertenecieron y son elementos integradores de su dignidad".

Aval al traslado de documentos

Por otro lado, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha avalado la restitución a la Generalitat catalana de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil y custodiados en el archivo general de la Guerra Civil Española de Salamanca al rechazar el recurso de incostitucionalidad interpuesto en 2006 por el ayuntamiento de Salamanca contra la orden dictada por el Ministerio de Cultura, que autorizó el traslado de los documentos a Cataluña. La sentencia dice que el artículo 4.2 de la Ley 21/05 por la que se aprobó la restitución a Cataluña de los documentos no infringe "la Constitución ni ninguno de los principios que la inspiran".

Además, el consistorio de Salamanca solicitó ayer que, cuando se produzcan nuevos traslados, se hagan con "dignidad, respeto y decoro" después de que la última salida de legajos se produjese el pasado lunes sin dar conocimiento al Consistorio ni a la Junta de Castilla y León y enterarse por medios de comunicación catalanes. La Junta consideró de nuevo que es "un error romper la unidad" del Archivo General.