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CASO GÜRTEL

Hacienda ve irregularidades en el PP valenciano

La inspección de la Agencia Tributaria observa una "posible" financiación ilícita.

Lo descubrió la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal el pasado verano y ahora lo confirma la Oficina Nacional de Investigación del Fraude: el PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) tiene importantes irregularidades fiscales que apuntan a una "posible" financiación ilícita a través de "donaciones" no declaradas de empresarios afines que 'patrocinaron' actos electorales de la formación a través de Orange Market, la filial valenciana de Francisco Correa. El último informe de la Agencia Tributaria, fechado el 6 de mayo, va más allá que la Policía y se atreve a cifrar el supuesto desfalco. El atestado afirma que "el importe de los gastos que se ocultaron por parte del PPCV en las elecciones autonómicas y locales de 2007 ascendió a la cifra de 2.565.891 euros". Queda pendiente el análisis de otros ejercicios.

El informe de Hacienda, remitido al juez Antonio Pedreira el pasado viernes, disecciona las "graves irregularidades contables" de Orange Market, sobre todo con su principal y casi único cliente, el PP valenciano, y exclusivamente durante 2007. Los inspectores revelan que la empresa de Álvaro Pérez, el 'Bigotes', solo declaraba el 28% de lo que facturaba al partido. Y llegan a una conclusión: "La ocultación de ingresos, gastos, elementos patrimoniales y beneficios por parte de Orange Market no tiene causa alguna si su destinatario (el PP) va a declararlos en sus estados contables, por lo que es razonable suponer que estos ingresos y gastos también se han ocultado por parte del PPCV".

Como ya hiciera la UDEF, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria apunta a que esas irregularidades en la caja del PPCV se deben a que buena parte de sus gastos fueron sufragados por "terceros" a modo de 'mecenazgo' oculto a la formación.

Ayer, el PP anunció su intención de querellarse contra el funcionario de la Agencia Tributaria autor del informe remitido al TSJM. Según la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, el PP cree que el funcionario 21.536 "falta a la verdad" y ha incurrido en un delito de prevaricación y falsedad en documento público.

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