Libertad bajo fianza para los abogados acusados ser los enlaces de ETA con sus presos

Los tres abogados de Gestoras Pro Amnistía acusados de ser los principales enlaces de ETA con sus presos podrán abandonar la cárcel. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó hoy establecer sendas fianzas de 60.000 euros para los letrados Arantza Zulueta, Jon Enparantza e Iker Sarriegi, en prisión preventiva e incondicional desde el pasado 19 de abril por orden del juez Fernando Grande Marlaska, quien les imputa integración en organización terrorista.

La sala presidida por el magistrado Alfonso Guevara estimó parcialmente el recurso de los letrados porque cree que el riesgo de fuga se ha atemperado. En el caso de Zulueta, aunque el tribunal insiste en los indicios de su "vinculación orgánica con el aparato político de ETA", considera que "dado lo avanzado de la investigación" la abogada no podría dificultar las pesquisas o tratar de ocultar pruebas.

Sobre Enparantza, la Audiencia Nacional tienen en cuenta su "arraigo personal, social, laboral y familiar" para dejarle en libertad. Más complicada es la situación de Sarriegi, para quien el tribunal fija la fianza a pesar de reconocer que el encausado "no ha acreditado, en absoluto, arraigo familiar y social alguno", además de tener su residencia en Francia. El tribunal, sin embargo, asegura fiarse de su entorno, entre ellos tres representantes de la Real Sociedad, que han "comprometido por él su palabra" de que no va a huir.

Otras medidas

Además de las fianzas, los magistrados establecen para los letrados otras medidas preventivas tales como comparecencias semanales y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Nada dicen las tres resoluciones sobre la posibilidad de que los abogados puedan volver a ejercer sus funciones de asistencia a los presos de ETA en las cárceles.

Zulueta, Enparantza y Sarriegi fueron capturados en una redada de la Guardia Civil, en la que fueron detenidos otros siete militantes de la izquierda 'abertzale', contra el denominado aparato 'H Alboka' de ETA, encargado de transmitir a las cárceles las consignas, hacer llegar a la dirección las peticiones de los reclusos, mantener la cohesión interna, gestionar el cobro del impuesto revolucionario, pasar información para la huida de miembros o colaboradores, entregar cartas para la captación de nuevos activistas, mover datos sobre objetivos de la banda e, incluso, planear fugas de las prisiones.

Tras su arresto, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, llegó a tildar a los tres letrados de "comisarios políticos de la banda en las cárceles" y de "enviados de ETA". El máximo responsable de las fuerzas de seguridad insistió en que el trabajo de los letrados "excedía con mucho el marco legal" y dijo que Zulueta, Enparantza y Sarriegi eran "directivos" del aparato carcelario de ETA y "abogados a tiempo parcial" porque la mayoría de sus esfuerzos estaban destinados a funciones muy alejadas de la defensa de sus clientes.

Matar a Urkullu

Enparantza incluso sugirió a la dirección de la banda que atentara contra el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, según una carta intervenida a la organización terrorista y presentada ante la Audiencia Nacional por la Guardia Civil. La misiva estaba firmada con el alias "Mik Mik", que el instituto armado atribuye a Enparantza, y fue redactada en enero de 2009, apenas un mes después del asesinato del constructor Inaxio Uria en Azpeitia. En el test, el autor de la misiva afirmaba que «lo del caso Uría» había supuesto «un duro impacto social», pero que hubiera tenido una mayor repercusión «si el objetivo hubiera sido Urkullu».

Fernando Grande-Marlaska abrió la causa contra los abogados a principios de 2009, después de una comisión rogatoria de Francia en la que daba cuenta del contenido de los ordenadores del entonces jefe político de ETA Francisco Javier López Peña, 'Thierry', capturado en Burdeos en mayo de 2008.

Las autoridades galas comunicaron la existencia de dos archivos informáticos claves y que tardaron tiempo en ser desencriptados: "Segurtasuna-Egitura, Bita-Arteaga", fechado en diciembre de 2007, y otro denominado "Export Fichiers Bureautique", elaborado en enero de 2008. Esos documentos incluían todo tipo de nombres y actividades desarrolladas por 'H Alboka', acrónimo de '"Hornak Apurtu Lazter Borrokalariak Kalea' (derribar los muros pronto para que los luchadores salgan a la calle), la nueva denominación del conocido como 'frente de makos'.

En esos papeles también había supuestas anotaciones sobre los tres abogados, por lo que a partir de entonces fueron sometidos a seguimientos, 'pinchazos' telefónicos e intervención de comunicaciones en sus visitas a las cárceles durante un año.