barcelona/Madrid. El presidente de ERC, Joan Puigcercós, se jactó ayer de haber plantado cara al Gobierno tras el 'sí' de los republicanos a un acuerdo de financiación que reportará a Cataluña unos ingresos adicionales de 3.855 millones en 2012. "Hemos plantado cara al Estado y hemos ganado", aseveró, tras calificar el día de "histórico para el país".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, dio ayer por cerrado el modelo que tantos quebraderos de cabeza ha dado al Gobierno y que tanto ha condicionado su estabilidad parlamentaria a lo largo del último año. Más de 11.000 millones de euros extra costará el acuerdo de financiación autonómica. Por primera vez en la España autonómica, la solidaridad interterritorial quedará limitada. Las comunidades solo tendrán que poner a disposición del conjunto el 75% de lo que recauden. Podrán disponer, en cambio, del otro 25%.

Esto fue siempre uno de los nudos gordianos de la negociación. Salgado se refirió al asunto con naturalidad, pero lo cierto es que costó mucho que la idea cuajara, sobre todo, entre los presidentes de las comunidades menos desarrolladas. Era la Generalitat de José Montilla la que defendía que había que acotar la labor redistribuidora del Estado para no penalizar a las comunidades con mayor capacidad fiscal y económicamente más dinámicas. Proponía nivelar, exclusivamente, los recursos destinados a educación, sanidad y servicios sociales lo que, según sus cálculos, equivalía al 65%-75% del gasto público.

Una vez admitido el principio, comunidades como Andalucía, Extremadura o Cantabria plantearon que la cifra no bajara del 95%.

El nuevo sistema de redistribución hará que tres cuartas partes de lo que se recaude en las comunidades -y no todo, como ocurría con el modelo actual- se meta en una "bolsa común", como la llamó Salgado, que servirá para sufragar los servicios públicos fundamentales y será completada por el Estado de modo que a ella se destinen el 80% del total de los recursos del sistema.

Al margen de ese primer fondo, habrá otro: el de suficiencia global. A este las comunidades no tendrán que aportar ya nada; será el Estado quien lo sufrague. Servirá para garantizar que nadie quede peor de lo que está.

Lo que sigue siendo un misterio, porque la vicepresidenta no lo quiso contar, son los criterios de reparto. El fundamental es la población, que se actualizará cada año. Pero la unidad de gasto se ajustará conforme al porcentaje de población sanitaria protegida, menores en edad escolar, mayores de 65 años, superficie, dispersión o insularidad. Cómo ponderará cada uno está por desvelar, como están por ver los resultados que arroja el modelo, quién queda por encima y quién, por debajo.

Evidente es que Cataluña estará por encima. Fue lo único que dijo Salgado, y a regañadientes. La vicepresidenta evitó también concretar qué se lleva cada cual de los 11.000 millones. Pero, si hay que hacer caso a los implicados, entre Cataluña y Andalucía ya se llevarán, ellos solos, más de la mitad. Cada comunidad debe hacer sus propias proyecciones.