Marruecos pide revisar la relación con España

La Cámara Baja del Parlamento marroquí pidió ayer una "reevaluación global" de las relaciones diplomáticas entre Marruecos y España, en respuesta a la condena del Congreso de los Diputados español a los incidentes de El Aaiún tras el desalojo de un campamento de protesta saharaui.

A través de un comunicado hecho público al término de la sesión plenaria, los legisladores marroquíes reclamaron "insistentemente" al Gobierno que proceda lo antes posible a "una revisión y a una reevaluación global de las relaciones" entre los dos países.

Esta revisión debería acometerse, según los parlamentarios, "a todos los niveles político, económico, de seguridad, social y cultural", informó anoche la agencia de noticias oficial MAP.

El Gobierno marroquí anunció el jueves que analizaría "el conjunto de las relaciones entre España y Marruecos en todos los ámbitos". La decisión se adoptó "tras la resolución adoptada por el Parlamento español, que se caracteriza por su hostilidad respecto a Marruecos".

El ministro de Comunicación marroquí y portavoz del Ejecutivo, Jalid Naciri, denunció que el texto "contiene párrafos y expresiones antimarroquíes que no pueden ser aceptadas".

El Ejecutivo español respondió a esta primera advertencia para señalar que su deseo es mantener, "desde el respeto a las instituciones de cada país", las "mejores relaciones posibles" con las autoridades marroquíes.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, no se mostró ayer excesivamente inquieto ante la decisión de Marruecos de replantear sus relaciones con España y tampoco ante la marcha para la "liberación" de Ceuta y Melilla organizada por varias asociaciones políticas y sociales del país vecino.

El número dos del Ejecutivo alegó que ambos países han hecho un "esfuerzo" en los últimos años para reforzar las relaciones bilaterales y que no hay razones para la preocupación. "Hoy disponemos de una base de confianza que no había hace algún tiempo y eso es lo que me permite asegurar que no hay ninguna situación o circunstancia que no podamos superar", señaló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las autoridades españolas llevan días tratando de apaciguar los ánimos de los marroquíes por las resoluciones de condena a los acontecimientos de El Aaiún aprobadas sucesivamente en el Parlamento Europeo, en el Senado y en el Congreso de los Diputados. No a alto nivel.

De momento, las gestiones han recaído en el embajador en Rabat, Alberto Navarro, que según explicó la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, desde Mar del Plata, ha hablado en varias ocasiones tanto con el jefe de la diplomacia de Marruecos, Taieb Fassi Fihri, como con su número dos para convencerles de que los textos respaldados por el PSOE no censuran a su país sino los "hechos violentos" acaecidos en el campamento desmantelado de Gdaim Izik.

Lo cierto es que la moción negociada por los socialistas con el grupo proponente de IU, y respaldada por todas las fuerzas políticas de la Cámara baja, también instaba al Gobierno a hacer saber a Marruecos su "preocupación" por las informaciones sobre violaciones de derechos humanos en el Sahara y a "intensificar y profundizar" las relaciones con el Frente Polisario, a quien da estatus de "legítimo representante del pueblo saharaui".

Ataque a la soberanía

Eso es lo que convierte la declaración del Parlamento, a ojos de las autoridades marroquíes, en un ataque a su soberanía.

El Ejecutivo actúa, de momento, como si las protestas en el país vecino no fueran más que fuegos de artificio.

El ministro Rubalcaba despachó el asunto de la marcha reivindicativa contra las dos ciudades autónomas españolas con una simple frase: "Ceuta y Melilla están plenamente seguras".