El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al plan de reorganización y racionalización de la Administración estatal y del sector público empresarial que se traducirá en el recorte de 32 altos cargos, una décima parte de los del Gobierno, y en la supresión de 29 sociedades, un 27% de las que componen el sector. El programa de adelgazamiento de cargos públicos también incluye la supresión de 80 puestos directivos y 450 miembros de consejos de administración de buena parte de las empresas y entes en los que el Estado es propietario de más de la mitad del capital.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, enmarcó el plan en las medidas de "austeridad y eficacia" diseñadas frente a la crisis por un Gobierno que, dijo, actúa "con rigor, decisión y responsabilidad". Con los recortes, añadió, habrá "más trabajo con menos recursos humanos".

La aprobación del plan se ha retrasado casi un mes desde la fecha anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero debido a las tensiones entre los distintos ministerios durante semanas para cerrar la lista definitiva de ceses y supresiones de sociedades.

El Ejecutivo quiere lanzar un mensaje de austeridad tanto a los analistas internacionales como a los ciudadanos, meses después de que la mayor parte de los partidos políticos del Parlamento le exigiesen un adelgazamiento del Gobierno por la crisis y en un momento en el que los mercados escrutan con lupa las medidas de contención del gasto público.

Decisión simbólica

No obstante, se trata más de un guiño o de una decisión simbólica que de un recorte del gasto en profundidad, porque la ejecución del plan solo representará un ahorro directo anual de algo más de 16 millones de euros a las arcas públicas. La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, admitió que los 16 millones del ahorro directo no son "la variable más importante", y sí el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración y sus empresas.

Se trata de una gota en un vaso de agua si se compara con los resultados de varios miles de millones que el Ejecutivo espera ahorrar hasta 2013 con la congelación y recorte de la plantilla de funcionarios y empleados públicos, la medida estrella del plan de austeridad orientado a bajar el déficit público del 11,5% al 3% del PIB en tres años. La propia vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, lo reconoció en rueda de prensa, cuando aclaró que el objetivo con el que se diseñó el plan "más que el ahorro es una cuestión de eficiencia".

El proyecto se ejecuta en dos grandes áreas. La primera es el propio Gobierno. El recorte no incluye supresiones de ministerios y se limita al cese de 31 directores generales y un secretario general, casi el 10% de los 343 altos cargos, repartidos prácticamente a partes iguales entre los 14 ministerios y la presidencia del Ejecutivo. Los afectados, que dejarán sus actuales puestos en los tres meses próximos, serán sustituidos por los subdirectores generales en las tareas de gestión y las tareas de dirección política pasarán a las cúpulas de los ministerios. Catorce de los cesados son los máximos responsables de otros tantos organismos autónomos, como confederaciones hidrográficas, los institutos de Oceanográfico, de la Marina y Geográfico, el centro de Estudios Jurídicos o de la Biblioteca Nacional.

El otro área engloba la desaparición de 29 de las 106 empresas públicas y se articulará a través de la extinción de 14 sociedades, muchas de ellas ya sin actividad ninguna tras los procesos de reconversión industrial, y la fusión en nueve de 24 sociedades públicas de agua, de actividades culturales y de infraestructuras agrarias.

El segundo escalón de la reestructuración empresarial pública es la supresión de 530 miembros de sus órganos de dirección. El plan prevé que antes de final de año cesen 80 directivos de empresas y entes públicos, que representan un 10% de los puestos de dirección del sector.

De igual manera, antes del 31 de julio próximo abandonaran sus puestos 450 miembros de los consejos de administración de este mismo tipo de sociedades, que suponen un 15% de los consejeros, de término medio, y un 40% de los miembros de estos órganos en las estructuras de las autoridades portuarias. Su abandono permitirá un ahorro sobre todo de las dietas, que eran los únicos ingresos que obtenían por acudir a las reuniones de los consejos.