El Gobierno pretende 'blindar' el 12 de octubre

El Gobierno pretende pactar con todos los grupos parlamentarios un protocolo que impida que los festejos organizados con motivo de la Fiesta Nacional se vean alterados por sucesos como el que se produjo el martes, cuando un grupo de ciudadanos aprovechó el silencio del homenaje solemne a los caídos por España para hacer oír sus gritos de "dimisión" contra Zapatero. La tarea no se presenta fácil a tenor de la reacción del PP. Solo el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reprobó ayer el comportamiento de los increpadores, mientras que Rajoy guardó silencio.

El líder de la oposición participó en un acto con la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, en Puertollano. Allí, la número dos de los populares destacó que mientras "en otros sitios hay abucheos, aquí ha habido aplausos". Con esta salvedad, Rajoy dejó prácticamente en manos de los dirigentes de segundo nivel cualquier pronunciamiento.

Unos incidentes que ya el día antes habían provocado el poco habitual reproche del Rey, y a los que los populares quitaron hierro con el argumento de que responden al "descontento ciudadano" con el presidente del Gobierno y deben respetarse como el ejercicio innegable de la "libertad de expresión".

Solo a última hora de la mañana Esperanza Aguirre admitió que los abucheos contra Zapatero se produjeron en "momentos especialmente inadecuados", pero no lo achacó a una falta de respeto sino a la mala organización del evento. "Como la gente estaba tan lejos y se suprimieron las pantallas, a lo mejor no oían bien", alegó. La presidenta madrileña apuntó así hacia el Ministerio de Defensa -que este año colocó verjas por motivos de seguridad que, a juicio de Aguirre, "no pueden ser ciertos"- como responsable de lo sucedido.

La crítica augura un escaso éxito a los planes de la ministra Chacón, de los que apenas se sabe nada. Fue ella quien anunció su intención de discutir con el resto de partidos una vía que evite comportamientos "intolerables" con la bandera, con las Fuerzas Armadas y con los familiares de quienes han dado su vida por España. "Entiendo -añadió la ministra- que estuvieran molestos".

"Es una fiesta de todos"

"Si esos grupos de reventadores quieren expresar su malestar, que tengan el valor de convocar una manifestación, pero que no perturben el día de la Fiesta Nacional, que es una fiesta de todos", exigió. En una línea similar se manifestó el propio José Luis Rodríguez Zapatero. A su salida de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, defendió que debería ser posible conciliar la libertad de expresión con el "respeto" a un "acto de todos que debería transcurrir con tranquilidad".

El aluvión de reproches fue intenso. El presidente del Congreso, José Bono, calificó los abucheos de "desvergüenza" y criticó a quienes los "alientan y justifican". El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, fue más explícito: "La derecha no respeta nada, le vale todo", dijo. Y la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, mostró sus sospechas de que la actuación fuera obra de "colectivos organizados".

Sin embargo, no todos en el PSOE dieron tanta trascendencia al asunto. El ex presidente Felipe González recordó que en su época le sucedía "exactamente lo mismo" que le pasó a Zapatero. También el presidente de la Generalitat de Cataluña dio a las protestas rango de normalidad: "Los gobernantes debemos estar acostumbrados a que nos piten", subrayó Montilla.

Desde otras formaciones políticas se mostró repulsa por el boicot de facto al homenaje a los caídos. "El derecho a abuchear no exime del derecho a respetar los actos oficiales", manifestó el portavoz de CiU en la cámara baja, Josep Antoni Duran i Lleida. El portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, defendió que se puede mostrar discrepancia sin necesidad de "degradar" la vida política.