El Gobierno impugnará las ayudas del Ejecutivo de Ibarretxe a las familias de presos etarras

El Gobierno llevará de inmediato al Ejecutivo de Juan José Ibarretxe ante los tribunales para tratar de impedir que los familiares de presos de ETA reciban las ayudas económicas que se incluyen en los Presupuestos del País Vasco para 2009, aprobados en diciembre pasado por el Parlamento de Vitoria.

Los responsables de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Justicia, Francisco Caamaño, han acordado que la Abogacía del Estado recurra ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la convocatoria de ayudas que el Ejecutivo de Vitoria publicó el pasado 24 de marzo en el Boletín Oficial del País Vasco. La impugnación deberá ser resuelta por los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal de esa comunidad.

La convocatoria recurrida destina 225.081 euros para ayudar a sufragar los gastos que tienen los familiares directos de los terroristas encarcelados en sus visitas a los centros penitenciarios. Estas ayudas públicas, que se incluyen en los presupuestos de la comunidad autónoma desde 2006, terminan destinadas en su práctica totalidad a paliar los gastos de los padres, hermanos, cónyuges e hijos de presos de ETA en sus desplazamientos a las cárceles. El decreto impugnado establece pagos de entre 20 y 600 euros por viaje realizado, que se otorgan según la distancia al centro penitenciario desde el lugar de residencia.

Los servicios jurídicos del Estado persiguen que el futuro 'lehendakari', con toda probabilidad el socialista Patxi López, no se vea obligado a ejecutar unas subvenciones concedidas por el Gobierno de Ibarretxe. El próximo presidente vasco pretende desterrar de la nueva etapa del Gobierno vasco la concesión de estas ayudas dentro de un programa para la deslegitimación política y social del terrorismo. De hecho, el pacto que hace dos semanas firmaron responsables del PSE y del PP, que marcó los principios generales que deben inspirar al próximo Gobierno socialista, descarta entregar cualquier cantidad de dinero público a personas u organizaciones vinculadas a la actividad terrorista.

23 días

La Administración socialista ha puesto en marcha la demanda después de observar que el actual Gobierno vasco ha publicado la convocatoria de ayudas sólo 23 días después de las elecciones autonómicas y varios meses antes que en años anteriores. El Ejecutivo de Vitoria tomó la decisión después de que ya fuese público que el PNV no podrá continuar en el poder a partir de mayo.

Fuentes del Gobierno de Ibarretxe consideran que la actitud de los socialistas es de claro oportunismo político porque es la primera vez que recurren el pago de una ayudas que existen desde hace al menos tres años. De igual manera, no entienden por qué si la Abogacía del Estado cree que estas subvenciones pueden ser ilegales los Presupuestos vascos de 2009, en los que se incluyen, fueron aprobados con el respaldo de los parlamentarios del PSE. En último lugar, advierten que si prospera la demanda la Administración del Estado puede causar perjuicios a las familias de reclusos vascos con delitos comunes que también se benefician de estas ayudas.