El Gobierno español examinará el próximo viernes una propuesta del Ministerio de Trabajo para que los ciudadanos rumanos que deseen trabajar en España por cuenta ajena obtengan el permiso con base en la existencia de un contrato de trabajo.

De aplicarse la medida, no tendrá efecto sobre los trabajadores de esa nacionalidad que ya forman parte del mercado laboral de España, según la propuesta que verá el Consejo de Ministros.

En un comunicado, el Ministerio indica que su titular, Valeriano Gómez, propondrá «reactivar» el período transitorio en materia de acceso al mercado de trabajo español para ciudadanos rumanos, tal y como contempla un acuerdo de 2008 sobre este asunto.

«Es una decisión estrictamente técnica, basada en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España», dice la nota.

El Ministerio insiste en que se trata de una medida «temporal» y sometida a «evaluación continuada» según evolucione el mercado laboral.

En este sentido, los gobiernos de España y de Rumanía han acordado crear un grupo «operativo» de trabajo para gestionar todos los aspectos derivados de la aplicación de la medida.

Ajustar los flujos de entrada

La decisión se enmarca en la política migratoria general adoptada por el Gobierno mediante el diálogo con los interlocutores sociales, que persigue «ajustar» los flujos de entrada de trabajadores inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo.

El Ministerio recuerda que la comunidad rumana tiene una alta tasa de actividad y una plena integración en la sociedad española y que el Gobierno ha mantenido y mantiene un diálogo permanente con las autoridades rumanas en relación con esta moratoria.

«Esta moratoria no afecta a la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea, un principio que España siempre ha defendido», precisa el comunicado.

El ministro Gómez había admitido hoy, previamente, que el Gobierno estudiaba la posibilidad de pedir de nuevo el permiso de trabajo a los inmigrantes rumanos y que es un asunto que prefiere tratar de común acuerdo con las autoridades rumanas.

En enero del año 2009, España decidió levantar las restricciones a la libre circulación de trabajadores procedentes de Rumanía y de Bulgaria, al igual que otros varios países que les habían abierto sus mercados laborales.

Con 840.000 personas, los inmigrantes de Rumanía son el mayor colectivo extranjero en España, seguido por los marroquíes, ecuatorianos y colombianos, según datos oficiales recientes.

Otros países europeos, como el Reino Unido, Francia y Alemania, exigen permiso de trabajo a los rumanos y la moratoria seguirá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2013.