El detenido en Valencia por los 'vuelos de la muerte' acepta su entrega a Argentina

El ex militar argentino Julio Alberto Poch, detenido el pasado 22 de septiembre en el aeropuerto de Manises (Valencia) por su presunta participación en los 'vuelos de la muerte', aceptó ayer su extradición a Argentina, donde pidió tener un "juicio justo" porque se considera víctima de una "jugada política" de Holanda.

Durante la vista de extradición, apoyada por el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, Poch insistió en que lleva "cuatro meses detenido injustamente", y se ha "arruinado" su carrera por unos hechos que se le imputan de los que "no existen pruebas". Sin embargo, aunque el piloto, de origen argentino pero con nacionalidad holandesa, subrayó que este país se "deshizo" de él sin darle la oportunidad de defenderse, insistió en que lo "más vergonzoso" fue la actuación del fiscal argentino, que le acusó "sin investigar los hechos", ocurridos de 1976 a 1983, en los que hubo más de mil víctimas en los 'vuelos de la muerte'.

Poch está acusado de ser uno de sus responsables, con los que pilotos navales arrojaron al mar a detenidos en la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, la mayor cárcel clandestina instalada durante la dictadura del general Videla. Las autoridades argentinas ya habían solicitado a Holanda, a finales de 2008, la extradición de Poch, tras recoger en ese país testimonios que involucraban al ex militar en los vuelos de la muerte y en las operaciones de la ESMA.

"Me considero un detenido político. Holanda quiso deshacerse de un ciudadano sin darse la oportunidad a defenderse por razones políticas", reiteró. "Me han tratado como un criminal, me han encerrado con presos comunes", se quejó antes de ser interrumpido por el presidente del tribunal, Ángel Hurtado. Poch reclamó que se "agilice" su extradición, en contra de lo que hizo durante su comparecencia ante el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el 6 de octubre, en la que la rechazó, porque desea un "juicio justo" en el que pueda defenderse de unos hechos de los que se le acusa "injustamente".

Velasco le envió entonces a prisión incondicional a la espera de que Argentina remitiera la documentación necesaria y, un día después, se recibió por vía diplomática la solicitud de extradición cursada por la embajada del país andino.

"Claro fraude de ley"

No obstante, el defensor de Poch, Ignacio Peláez, aseguró que el caso del piloto es un "claro fraude de ley" porque Holanda no tramitó ninguna orden de detención ni de extradición contra el ex militar porque, prosiguió, la legislación de este país no permite la entrega de sus ciudadanos a Argentina. A su juicio, se trata de un asunto de "connivencia" entre las autoridades de Holanda y Argentina, que aprovecharon los múltiples viajes de Poch -piloto comercial de la compañía Transavia-, para que España llevara a cabo su detención.

Para el letrado, el "fondo" del caso es que Poch "está pagando un problema político de Holanda", ya que el padre de la esposa del heredero de la Corona de este país, Maxima Zorreguieta, ocupó un cargo importante durante la dictadura argentina.

En caso de que la Sala de lo Penal de la Audiencia apoye la entrega, Peláez pidió que Argentina establezca unas "garantías mínimas" para el acusado. Reclamó que el país informe sobre las penas que Argentina puede pedir por los delitos que imputa a Poch, ya que España no contempla la cadena perpetua, y que garantice el cumplimiento de los límites máximos de prisión provisional.