Los magistrados del Constitucional pretenden resolver los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley vasca de Consulta para el 15 de septiembre, fecha en la que Ibarretxe tiene previsto convocar su referendo, con la intención de celebrarlo el 25 de octubre siguiente.

El Constitucional quiere satisfacer al Ejecutivo vasco, al Gobierno central y al PP en la conveniencia de que la Corte dicte sentencia y deje zanjado el asunto antes de que, entre el 15 y el 18 de septiembre, comiencen a correr los plazos que la propia ley establece para la realización de la consulta. Todos los implicados coinciden en que no es conveniente que se llegue a esos días con la norma suspendida por una simple medida cautelar, la adoptada el 17 de julio por el Constitucional, en el acto de admisión a trámite de los recursos, a petición del Gobierno. Si para esas fechas hay sentencia, no solo apuntalaría la seguridad jurídica de todas las partes sino que también evitaría posibles tensiones.

Los representantes del Gobierno vasco y del Parlamento de Vitoria entregaron ayer sus escritos de alegaciones contra las demandas planteadas por el Ejecutivo central y el PP sin agotar el plazo de 15 días. El Ejecutivo de Vitoria asegura que su consulta "no es un referéndum" y entiende que prohibir la posibilidad de que una comunidad autónoma consulte a sus ciudadanos "menoscaba y choca" con el modelo constitucional de organización territorial y la autonomía de Euskadi. También reclamó el levantamiento inmediato de la suspensión cautelar.

Mientras, Íñigo Urkullu acusó ayer a Zapatero de condenar al País Vasco "a la parálisis, la conflictividad perpetua y la resignación" para lograr colocar "un lendakari domesticado" en Ajuria Enea. El líder del PNV defendió la consulta como vía para aumentar el autogobierno, aspiración que vinculó a la crisis económica.