El Constitucional quiere dictar la sentencia sobre el 'Estatut' antes de Navidad

El empecinamiento del PP por impulsar la candidatura de Francisco José Hernando y Enrique López como nuevos miembros del Tribunal Constitucional ha encendido una luz de esperanza en este organismo. El fantasma del bloqueo vuelve con fuerza y permitiría alcanzar a la corte, en su actual composición, un anhelo que se ha convertido en prioritario para todos los magistrados sin distinción de adscripciones ideológicas: dejar resuelto del recurso de los populares contra el Estatuto de Cataluña, debate del que depende el futuro próximo del Estado de las autonomías.

El objetivo está al alcance de la mano. Ha sido necesario superar debates que han entorpecido hasta el límite el normal ritmo de trabajo del Constitucional, como la 'guerra de recusaciones', el recurso contra la reforma de la ley que regula el funcionamiento del propio tribunal o las maniobras para descabalgar a María Emilia Casas de la presidencia una vez vencido su mandato legal, en diciembre de 2007.

Pero en 2008 la práctica totalidad de los plenos celebrados han sido «jurisdiccionales», cuando lo habitual es que el tribunal delibere en semanas alternas asuntos gubernativos y los que afectan a la interpretación de las leyes, y en todos se ha abordado algún aspecto parcial del recurso contra el estatuto, lo que ha permitido avanzar mucho en el trabajo, según fuentes de la institución.

A la vuelta de vacaciones, la presidenta ordenó acelerar los trabajos. La magistrada Elisa Pérez Vera se dedica casi en exclusiva en la redacción de la sentencia, de la que ya se han aprobado unos 150 folios no sin innumerables enmiendas, según fuentes de la institución, que precisan que, además, faltan por debatir algunos asuntos importantes, como el preámbulo que equipara a Cataluña con una nación.

Sin embargo, el tribunal es optimista. Medio centenar de letrados trabajan en el estudio del recurso del PP contra el 'Estatut' a tiempo completo, y la sentencia puede estar lista a finales de noviembre o principios de diciembre. «No gustará a nadie, dejará descontentos a todo», aventuran varios magistrados, pero el texto será la piedra angular sobre la que remodelar el futuro del Estado de las autonomías. Y, como primer paso, cerrar un nuevo y estable modelo de financiación autonómica.

Un año perdido

El pacto suscrito a finales de julio entre el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para renovar los órganos judiciales se convirtió en una seria amenaza. Modificar ahora la composición del tribunal -el tercio que compete al Senado más la sustitución del fallecido Roberto García-Calvo, misión del Congreso-, daría al traste con buena parte del trabajo hecho. «La magistrada Pérez Vera sigue, y sigue como ponente, no es que haya que empezar desde cero, pero casi», explica uno de sus compañeros. Otros calculan que la resolución del recurso del PP contra el estatuto se demoraría al menos un año.

Ese horizonte de tormenta se despejó de pronto con la irrupción en el escenario público de los nombres Hernando y López, anteriores presidente y portavoz de un Consejo General del Poder Judicial que bajo su mandato ha vivido la etapa de más virulentos ataques a un Gobierno, el de Rodríguez Zapatero. El PSOE ya tiene un asa al que agarrarse, bloquear el proceso y dar tiempo al Constitucional a que concluya el análisis del recurso del PP contra el estatuto catalán.

Fuentes gubernamentales reconocen que no hay interés en acometer ahora la renovación, y recuerdan que la vicepresidenta María Teresa Fernández de La Vega cerró con la Generalitat un aplazamiento del debate sobre la financiación catalana que permitiría al tribunal fijar antes los límites en los que debe aplicarse el 'Estatut'. La interpretación legal que los magistrados hagan facilitaría cerrar una fórmula que en estos momentos no gusta a los mandatarios catalanes.

Si el actual Constitucional falla los recursos contra la máxima ley de Cataluña, la sentencia dará validez en términos generales al texto refrendado hace dos años por los catalanes, pero al tiempo marcará las 'líneas rojas' que deberán respetarse para mantener el texto dentro de la Constitución, según fuentes del tribunal, que aseguran que establecerá los límites dentro de los que el estatuto podrá desarrollarse para que encaje con el concepto constitucional de nación y el reparto de competencias entre Gobierno y autonomías establecido por la Carta Magna.

Y eso satisface al Gobierno, insisten fuentes del Ejecutivo, que empero dejan en el aire una incógnita sobre el futuro: Rodríguez Zapatero aún no ha dicho la última palabra, y tras la elección del magistrado Carlos Dívar como cabeza del Poder Judicial nadie se atreve a hacer pronósticos.

El PP mantiene firme su apuesta por Hernando y López. O eso parece. El pasado jueves, su portavoz para temas de Justicia en el Senado, reiteró al ministro del ramo, Mariano Fernández Bermejo, una oferta de consenso: «a ver si también en el Constitucional damos un buen paso y, cuando haya dictado la sentencia del Estatuto de Cataluña, podemos iniciar conversaciones para renovarlo».

A lo mejor no fue un lapsus, sostienen dirigentes 'populares', porque a lo mejor el principal partido de la oposición también prefiere que sea éste Constitucional el que dé respuesta a su recurso. La sentencia que abortó la consulta de Juan José Ibarretxe les gustó, contiene elementos doctrinales «interesantes» sobre la soberanía nacional, y un tribunal renovado nunca mejoraría las perspectivas de los 'populares'. Si esa lectura fuese la cierta, Hernando y López serían una mera excusa. Esa es la lectura que hace un senador de CiU: «han elegido los dos candidatos más problemáticos, su interés no es renovar el Constitucional».