El Constitucional se pronuncia hoy por séptima vez sobre el 'Estatut'

El Tribunal Constitucional ha resuelto que la séptima será la vencida y emitirá una sentencia sobre el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña. La presidenta de la corte, María Emilia Casas, ha convocado un pleno hoy que, si es necesario, se prolongará hasta el viernes para emitir un fallo. Pero la situación que ha frustrado los seis intentos anteriores no ha cambiado y la única forma que se perfila para salvar la cara de la institución es una votación artículo por artículo ante la imposibilidad de reunir una mayoría en torno a una sentencia de conjunto.

María Emilia Casas quiere poner fin a un culebrón que lleva camino de los cuatro años sin desenlace. Tras los cinco fracasos de la primera ponente de la sentencia, Elisa Pérez Vera, y el del segundo, Guillermo Jiménez, la presidenta de la corte tomó el pasado 19 de mayo las riendas del fallo y elaboró un borrador que entregó el pasado miércoles a los nueve magistrados que junto a ella tienen que resolver el recurso del PP. Casas sabe que si esta oportunidad también pasa sin una decisión no habrá otra hasta no se sabe cuándo. El presidente de la Generalitat, José Montilla, convocará las elecciones autonómicas para otoño, es posible que en noviembre, y existe la ley no escrita de no resolver contenciosos jurídicos que puedan distorsionar los comicios.

Las espadas siguen en alto dentro del tribunal. Los bloques de cuatro magistrados progresistas favorables a un fallo benévolo con el 'Estatut', el de los tres conservadores partidarios de una lectura restrictiva, y el de los tres que nadan entre dos aguas siguen inamovibles. Es decir, que la mayoría mínima de cinco, apuntalada con el voto de calidad de la presidenta, no parece factible.

La ponencia de Casas, según lo que ha trascendido, declara inconstitucionales 14 de los 223 artículos y 22 disposiciones. Sostiene, asimismo, que 24 están sujetas a una determinada interpretación. A primera vista, es el borrador más clemente con el 'Estatut' aprobado por el Parlamento de Cataluña, las Cortes Generales y refrendado en referéndum por la sociedad catalana en 2006.