Un informe del Gobierno portugués ha sacado a la luz pública que Estados Unidos continuó usando las bases aéreas españolas para los conocidos como 'vuelos secretos' de la CIA durante el año 2007, después del revuelo que levantaron estas prácticas en territorio europeo. Sin embargo, según el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, esos dos vuelos del año pasado fueron del Ejército de EE.UU. y no de la agencia de inteligencia, y que, en ningún caso, trasladaban a detenidos. Por su parte, el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, aseguró que el Gobierno no tiene "evidencias" de que se cometieran "ilegalidades" en suelo español.

En la pasada legislatura, las decenas de vuelos de la CIA que hicieron escala en territorio español con destino u origen en la base aérea de Guantánamo (Cuba) fueron uno de los principales motivos de enfrentamiento entre el PSOE y sus socios de IU-ICV. De hecho, dado que esta práctica de la CIA se extendía a distintos países de Europa, el Consejo de Europa emitió un informe en el que criticaba el amparo y el silencio cómplice de 14 países europeos, entre ellos España, con las actividades ilícitas de la CIA, que trasladaba a presos sospechosos de actividades terroristas a Guantánamo en condiciones y con maneras más que cuestionables.

El informe del Gobierno portugués, remitido al Parlamento luso y que ha sido llevado a la Eurocámara por una diputada socialista de este país, desvela que el 22 de junio de 2007 un avión modelo C17 hizo escala en la base de Rota (Cádiz) cuando ya había estallado el escándalo de los 'vuelos secretos', y permaneció en ella casi cuatro horas. Del mismo modo, el 30 de junio, otra aeronave estadounidense llegó a la misma base aérea, también permaneció en ella por espacio de casi cuatro horas y también partió con destino al centro de detención estadounidense en Guantánamo.

Sin embargo, el Gobierno, en un comunicado, precisa que esos dos vuelos fueron del Ejército de Estados Unidos y no de la CIA y que, en ningún caso, transportaban detenidos. Concretamente, el primero trasladaba "personal del Departamento de Defensa de EE.UU.", mientras que el segundo "fuerzas y material militar". Ambos fueron confirmados "después de que las autoridades de EE.UU. confirmaran por escrito" que "no transportaban pasajeros ni carga que pudieran ser controvertirods para España" y, por tanto, que "no incumplían" el artículo 25.2 del Convenio de Cooperación para la Defensa entre ambos países.

Ninguna ilegalidad

Al margen de estos dos casos, el Gobierno asegura que en 2007 "no consta ninguna solicitud ni autorización de sobrevuelo del espacio aéreo español de aviones con destino u origen Guantánamo. Por su parte, el portavoz del PSOE, en rueda de prensa en el Congreso, aseveró que "el Gobierno ha comprobado, y sigue haciéndolo, cualquier dato o información por mínima que sea acerca de los vuelos en cuestión". "El Gobierno no tiene ninguna evidencia de que en territorio español se haya cometido ningún tipo de ilegalidad", dijo Alonso, que garantizó que "si hubieramos tenido la más mínima evidencia no lo hubieramos tolerado nunca, jamás, porque en materia de Derechos Humanos debe haber un principio de complacencia cero".

Frente a esta posición, los diputados de IU e ICV en el Congreso, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, que exigieron explicaciones más detalladas al Gobierno. Llamazares volvió a acusar al Ejecutivo de "mirar para otro lado" y de permitir que las bases españolas se usan para "vulnerar el derecho interno y el derecho internacional", al tiempo que le reprochó que actuara de forma "obstruccionista y opaca" tanto ante la Justicia -el fiscal general se opuso a la investigación de la Audiencia Nacional sobre el asunto- como ante el Parlamento, donde su grupo realizó numerosas preguntas y solicitó hasta casi una decena de comparecencias.

De hecho, ambos diputados exigieron que la ministra de Defensa, Carme Chacón, y el director del CNI, Alberto Sáiz, comparezcan en el Congreso de los Diputados para aclarar si se autorizaron esos dos vuelos. Además, Llamazares aprovechó para reclamar que se revise el convenio con EE.UU. que, a su juicio, permite que las bases que hay en territorio español "sean impunes e inmunes".