El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 2 años de prisión impuesta a dos abogados y a su cliente por coaccionar a la hermana de éste para que renunciara a su parte de la herencia familiar a cambio de no difundir unos correos electrónicos que demostraban una relación extramatrimonial.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado así los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó en marzo de 2007 a los dos abogados y a su cliente por delitos de coacciones y revelación de secretos.

Según los hechos probados de la sentencia, el cliente tenía en su poder unos correos electrónicos que acreditaban una relación extramatrimonial de su hermana "con contenido sexual explícito" y, con la intención de que ésta renunciara a su parte de la herencia tras el fallecimiento del padre, los entregó a sus abogados.

Los letrados, siguiendo las instrucciones de su cliente, convocaron a los abogados de la hermana a una reunión en la que les informaron de la existencia de esos correos y les instaron a que la convencieran para que renunciara a la herencia o, en caso contrario, se haría llegar los mensajes tanto a su marido como a la esposa del hombre con el que mantenía una relación.

Tras ser informada por sus abogados, la mujer sufrió un síndrome ansioso-depresivo del que tuvo que ser tratada durante seis meses.

El Tribunal Supremo destaca que los dos abogados actuaron de una forma incompatible con los principios de la deontología profesional y utilizaron el contenido secreto de los correos electrónicos que les había hecho llegar su cliente.

El alto tribunal recuerda además que la Audiencia de Barcelona afirmó tajantemente que el cliente había dado instrucciones precisas a sus abogados para que utilizasen el contenido de estos correos para plantear a su hermana la alternativa de renunciar a la herencia.

Rechaza el argumento de uno de los letrados condenados respecto a que no conocían el origen ilícito de los datos y señala que por su naturaleza y contenido "cualquier persona está en condiciones de comprender y asumir que han sido arrebatados ilícitamente a la persona afectada".

"Si hubiera tenido alguna otra finalidad -razona el TS- la reacción normal sería la de contactar con su hermana informándole lealmente de la existencia de los correos electrónicos".

El alto tribunal reprocha además a los abogados que utilizaran los correos "sin reparos, conscientes de la ilegalidad que estaban cometiendo", y destaca que "la más elemental dignidad ética les obligaba a disuadir a su cliente de la utilización de estos medios fraudulentos".