El director de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán, ha afirmado este miércoles que España no puede ser una "excepción mundial" que incumpla las exigencias del derecho internacional, como investigar los crímenes del pasado y proteger los derechos de las víctimas, y cree que está "en una encrucijada".

En una rueda de prensa acerca de la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, Beltrán ha planteado que "o se sigue el camino de la verdad, la justicia y la reparación" iniciado en una treintena de países en los que se cometieron crímenes contra la humanidad o el de "los obstáculos interminables y el no respeto de sus compromisos como nación".

"Porque la encrucijada de investigar o no graves crímenes contra la humanidad no es un dilema moral ni un principio ético. Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España", ha subrayado el director de AI.

Beltrán, junto a la responsable de Investigación de su organización, Giulia Tamayo, y el ex secretario adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Hernando Valencia, han presentado el informe "España: La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo".

Asimismo, AI ha publicado el documento "Mitos y distorsiones", en el que pretende desmontar trece de los argumentos de la Fiscalía para paralizar las exhumaciones, entre ellos, la afirmación de que la Ley de Memoria Histórica impide las acciones judiciales, que los crímenes han prescrito o que quedaron absueltos con la Ley de Amnistía de 1977.

La singularidad española respecto de otros países, ha apuntado Beltrán, reside en que un juez -y no el Ministerio Público- es quien impulsa una investigación judicial sobre crímenes pasados, y en que además este último se encarga de "obstaculizar" un proceso que restauraría los derechos de los familiares de los desaparecidos.

Las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que ascienden a 114.000, superan a las registradas en toda Latinoamérica en los últimos cuarenta años, por encima de los 30.000 desaparecidos en Argentina o los 45.000 de Guatemala.

"Son un puñado de países los que se han opuesto a sus obligaciones constitucionales e internacionales", ha destacado Valencia, entre los que ha citado a Mozambique, Camboya -hasta hace dos años-, Colombia "a medias" y España, mientras que otros países han utilizado sus procesos de transición para condenar los crímenes.

Además ha señalado que de la treintena de países en los que se han cometido desapariciones forzadas, "sólo España" ha eludido la creación de una "comisión de la Verdad" para saber qué sucedió exactamente, lo que no excluiría la acción penal.