La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha decidido abrir la guerra por el control de Caja Madrid. Y es que mediante una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2009, Aguirre restará poder al Ayuntamiento de Madrid en la representación que tiene en los órganos de Caja Madrid al establecer un máximo del 30% de los consejeros del sector por corporación. Además, la presidenta madrileña determina que la reelección de Miguel Blesa como presidente de esta entidad financiera dependa del Gobierno madrileño. Tras conocer la enmienda, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, denunció que esta reforma "discriminará" a los madrileños mientras que CC.OO. acusó a Aguirre de poner en riesgo Caja Madrid y llevar a cabo una "perversión de la ley".

Si se aprueban estas enmiendas presentadas por el Grupo Popular, la futura norma establecerá la posibilidad de que los consejeros generales, vocales y miembros de la Comisión de Control puedan prorrogar su mandato seis años más de los 12 permitidos, "sólo en el caso de que la representación por la que se reelija fuera por el mismo sector por el que fueron elegidos la vez anterior".

Esta modificación afectaría directamente al actual presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que sólo podría ser elegido por el Consejo de Administración si antes es designado vocal por la Asamblea de Madrid, el sector que le eligió, y no por otro diferente.

La futura reforma también contempla cambios a la hora de atribuir funciones ejecutivas al presidente. A partir del próximo año se contemplará la mayoría absoluta sustituyendo los dos tercios requeridos actualmente. "Con esto conseguimos mayor flexibilidad y evitamos bloqueos a través de mayorías", añadió David Pérez, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

Limitación al 30%

Estas enmiendas también limitan el poder al Alcalde de la ciudad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, al limitar al 30% el total de representantes de ayuntamientos que un solo municipio puede tener en el consejo (actualmente tiene el 70%), tal y como se fija en otras comunidades autónomas.

En este sentido, la enmienda popular propone que la elección de los consejeros generales del sector de las corporaciones municipales se haga en función del peso real de los grupos políticos de acuerdo con la voluntad popular. De esta manera, con la que saldría perjudicado Izquierda Unida, se establece una "proporcionalidad democrática" y se elimina los cupos mínimos "que no existen en ninguna otra comunidad autónoma y que quiebran el principio de proporcionalidad más acorde con la realidad madrileña", según el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez.

Del mismo modo, en estas enmiendas se da entrada a representantes de la sociedad civil. Y es que además de organizaciones empresariales, sindicatos y universidades públicas se incluyen a universidades privadas y a la Cámara de Comercio de Madrid como entidades firmemente arraigadas en el tejido social autonómico.

Esta incorporación se debe a la modificación del criterio de nombramiento de los consejeros designados por parte del sector de las Entidades representativas de intereses colectivos. Así, a partir del próximo año, un 26% podría corresponder a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas que formen parte del Consejo Económico y Social. En esta ocasión las universidades privadas se equiparan con las públicas, ya que ambas tendrán una representación del 5%. "El objetivo de este cambio es reducir el peso del sector público a favor de la sociedad civil", explicó Pérez.

Discriminación

Las críticas a esta reforma de la Ley de Cajas propuesta por la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, opinó que "discriminará" a los vecinos de la capital al reducirse su representatividad al 30%, "entendiendo por madrileños los ciudadanos de la ciudad de Madrid, no del resto de municipios de la región".

Para el Gobierno municipal, el 30% máximo no se ajusta al número de vecinos de Madrid que tienen cuenta en la entidad financiera, ya que "Madrid tiene un 50% de la población de la Comunidad". Asimismo, tampoco se ajusta a la cantidad de dinero que tienen depositada en ellas. "Eso se tiene que tener en cuenta a la hora de designar a los representantes de la asamblea de la Caja, es lo lógico", argumentó Cobo en un receso del Pleno municipal celebrado hoy.

"Entendemos que hay una discriminación objetivamente, sin ninguna otra carga política, a los ciudadanos que viven en Madrid", denunció el vicealcalde madrileño, quien solicitó una explicación de la reforma durante los próximos días. "Si hay un municipio con más depósitos en esta entidad financiera con respecto a otras entidades también tendría que tenerse en cuenta", concluyó.

Por su parte, CC.OO. acusó a Aguirre de poner en riesgo a Caja Madrid "en momentos de crisis financiera generalizada" y de llevar a cabo "una perversión de la Ley" al usar la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos regionales para modificar la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid. El secretario de Política Institucional de CC.OO. de Madrid, Javier Cedrún, reclamó al Gobierno regional que, si quiere modificar la Ley, no lo haga en función de intereses particulares para conseguir un mayor control en la entidad financiera.

En este sentido, el sindicalista rechazó esta modificación porque se ha planteado "de modo prepotente y unilateral". "Las cajas de ahorro son entidades sociales en cuyo gobierno se encuentran representantes de la sociedad civil a través de la Asamblea de Madrid, los ayuntamientos, representantes sociales, sindicales y los propios ahorradores que tenemos nuestro dinero en la Caja de Madrid", añadió Cedrún, quien denunció que imponiendo el cambio de ley se rompe el consenso y se da carpetazo al diálogo y a la búsqueda de acuerdo.

Por otro lado, el portavoz de la Coordinadora Territorial de Madrid de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Mikel Buesa, criticó las enmiendas del Grupo Popular, señalando que se trata de "otra norma para controlar desde el poder político una entidad financiera", al tiempo que abogó por que Caja Madrid se convierta en una Sociedad Anónima, mientras que la Obra Social se debe transformar en una Fundación en la que al menos la mitad del capital debe ser privatizado. Buesa dijo, no obstante, que hasta que no ocurriera esto, debe hacerse una "reducción drástica" de las retribuciones de los Consejeros de Caja Madrid, para que éstas se quedaran por debajo, como mínimo, del sueldo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid.