Por si le faltaba pimienta a la semana que comenzó con Pedro Sánchez desvelando su decisión de continuar en la Moncloa, este viernes se conoció un informe firmado el 30 de abril por tres relatores de la ONU que insta al Gobierno a "tomar las medidas necesarias" frente a las llamadas 'leyes de concordia' con las que PP y Vox están reemplazando las de memoria histórica en tres comunidades que gobiernan conjuntamente: Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón. El documento, que considera que estas normas, fruto de los pactos electorales tras el 28-M de 2023, "podrían vulnerar los derechos humanos" y "no respetan los estándares internacionales", ha agudizado las hostilidades, ya críticas, entre el Ejecutivo y la oposición con un nuevo pulso que amenaza con acabar judicializado.

El Gobierno, que internacionalizó la cuestión al denunciarla ante Naciones Unidas, ha visto la oportunidad de frenar estas leyes con la publicación de un documento al que PP y Vox no otorgan credibilidad precisamente por estar firmado por tres relatores: Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz. La ONU recuerda, de hecho, que se trata de una figura de "expertos independientes que hacen este tipo de informes de forma voluntaria". Por lo que documentos como el ahora difundido, puntualiza el organismo internacional, "no expresan una postura oficial del organismo".

Pese a todo, el informe es un tirón de orejas en toda regla a los tres gobiernos de PP y Vox. "Las llamadas 'leyes de concordia' aprobadas (...) podrían afectar a la obligación del Estado español en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos", se lee en el documento, donde también se señala que estas reformas legales "evitan y/u omiten nombrar o condenar el régimen franquista". Y los tres expertos internacionales también avisan, en consecuencia, de que las citadas 'leyes de concordia' pueden "invisivilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista".

La primera reacción en Moncloa, en esa línea, ha sido la de convocar la semana que viene, cuando la campaña electoral en Cataluña entra en su recta final, a la Comisión Bilateral con Aragón, la única comunidad que ha aprobado, por el momento, su propia norma memorialística. Así lo anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que calificó de "contundente" el informe. La invitación esconde también un ultimátum: si el Gobierno presidido por el popular Jorge Azcón "no se quisiera sentar con el Gobierno de España" o, en cambio, "si no se pudiera llegar a una acuerdo", el Estado llevará el pleito al Tribunal Constitucional, advirtió claramente Torres.

El ministro hizo especial hincapié en que el Gobierno está "satisfecho" con el informe por la "unanimidad" mostrada por los tres relatores , y cree que "se termina materializando" lo que venía advirtiendo: "Que estas leyes van en contra de las condenas internacionales y de los derechos humanos".

Feijóo y "la dictadura franquista"

Con la disputa robando el protagonismo, un día más, a la campaña catalana, el PP no vaciló en salir al contraataque. Y lo hizo desde primera hora de la mañana. Azcón acusó a la ONU de "mentir" y de asumir "errores de bulto" en el informe de sus tres relatores. Su compañero de filas y jefe del Ejecutivo de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, destacó que desde que asumió el cargo ha firmado 422 exhumaciones de víctimas provocadas por la violencia de la "horrible dictadura franquista" y defendió que la 'ley de concordia' valenciana "consolida" los derechos de estas víctimas. Por ello, considera que quien firma el informe de la ONU "ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la comunidad".

El tercer presidente autonómico aludido en el texto de Naciones Unidas, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, insistió en que en la norma de su comunidad, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, no distingue entre víctimas de un bando o de otro. "Esa es nuestra principal preocupación", zanjó.

De hecho, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, recordó, durante un acto de la campaña del 12-M en Figueres (Gerona), que "no hay dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado". Para justificar la puesta en marcha de las 'leyes de concocordia, el líder gallego fue claro en el reconocimiento de las víctimas: "Para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA es una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica". Por ello llamó a "no olvidar a ninguna víctima"y censuró los "compromisos" del Gobierno con EH Bildu: "No se puede hablar de banda terrorista. Nosotros, sí".