Los funcionarios están obligados a denunciar los casos de abuso sexual que conozcan
La Administración firma un protocolo pionero que sancionará hasta con el despido los flirteos, insinuaciones, besos y abrazos no deseados a un empleado público.
Los más de 230.000 funcionarios que trabajan para la Administración General del Estado (AGE) sumarán en los próximos días una nueva obligación: destapar los casos de posible acoso sexual o por razón de sexo que conozcan. Así lo recoge el texto del nuevo protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo para la Administración General del Estado, que el Gobierno ha acordado con el sindicato CSIF y que previsiblemente se aprobará con rango de Real Decreto en el próximo Consejo de Ministros, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.
El ciberacoso, los flirteos, las insinuaciones, los abrazos o besos no deseados, los comentarios sexistas, despectivos o bromas vejatorias serán comportamientos que serán considerados acoso dentro de la Administración Pública y podrán ser sancionados con hasta el despido, según el amplio listado de conductas reprobables que establece este protocolo que es pionero y se convertirá además en el de mayor envergadura en España, ya que afecta no solo a los más de 230.000 personas que trabajan en la Administración del Estado, sino además a los trabajadores de las empresas externas con las que haya contratos del sector privado, según avanzó CSIF este martes en un comunicado.
El texto es también novedoso porque contempla un mecanismo de actuación y protección a las víctimas ágil y eficaz, hasta el punto de que se debe resolver el expediente en un plazo no superior a los 10 días desde que se produce la denuncia, y además se ofrecen las máximas garantías de confidencialidad. Durante la aplicación del protocolo se pueden adoptar además medidas organizativas como reordenación del tiempo, cambio de lugar de trabajo o de tareas administrativas encomendadas.
Estas actuaciones del protocolo serán paralelas a la actuación judicial (en la actualidad se suspenden cuando hay una denuncia en los tribunales) y se establece la figura del 'asesor confidencial', una persona específicamente formada en cada departamento ministerial u organismo público que acompañará a la víctima en todo momento. Además, se establecerán actuaciones para la completa recuperación de las víctimas, el restablecimiento de la dignidad y su reputación.
El acoso laboral y por razón de sexo supone una falta disciplinaria muy grave en las administraciones públicas y puede tener como consecuencia la separación del servicio, el despido disciplinario o el traslado forzoso. En último término, por la vía judicial, los delitos de acoso sexual serán sancionados en función del artículo 184 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, lo que puede suponer prisión de entre seis meses y dos años.
