La hoja de ruta para proteger a los menores en internet estará en septiembre

El comité de 50 expertos se constituirá en dos semanas y debe tener su propuesta de acuerdo de país contra el porno y el abuso de móviles en seis meses.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, con el fin de que el Congreso de los Diputados pueda dar luz verde al proyecto en el próximo trimestre. Según el Gobierno, la ley tiene como objetivo mejorar la salud, mejorar la equidad en salud y mejorar el bienestar y proteger a la población frente a los diferentes riesgos y amenazas para la salud’’...30 ENERO 2024;SALUD;SANIDAD;AGENCIA ESTATEL PUBLICA;CONSEJO DE MINISTROS..Eduardo Parra / Europa Press..30/01/2024 [[[EP]]]
La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
E. P. 

El Consejo de Ministros aprobó hoy la creación de un comité de 50 expertos que deberá proponer no más tarde de septiembre una batería de actuaciones que garanticen un entorno digital seguro a los menores, la hoja de ruta para un "acuerdo de país" que termine con el actual acceso sin control a contenidos pornográficos o violentos y a webs de apuestas o foros de alto riesgo que lesionan a los adolescentes españoles.

La ministra de Juventud e Infancia, promotora del foro, indicó que el grupo de expertos estará constituido en 15 días y que, en un plazo máximo de seis meses, deberá emitir un informe con los análisis y las conclusiones que considere convenientes sobre el impacto de las tecnologías en los menores. El documento deberá formular recomendaciones de actuaciones y medidas a implementar a corto, medio y largo plazo para que las administraciones públicas puedan elaborar un marco de prevención, detección precoz y protección de niños y adolescentes contra los riesgos de internet y las redes sociales y contra cualquier vulneración de sus derechos.

Este informe será remitido al Gobierno y debería ser la base del acuerdo de país que pretende cerrar Pedro Sánchez, y al que quiere incorporar también a la industria y a los operadores digitales. El acuerdo, reiteró Sánchez este lunes, debe incluir al menos la aprobación de una ley integral de protección de los menores frente a los riesgos de la red, de una estrategia multidisciplinar y educativa y la puesta en marcha de una sistema técnico de verificación de edad que bloquee el acceso de niños a las webs con contenidos de adultos.

Los expertos analizarán el problema en todas sus vertientes y dimensiones (familiares, educativas, legales, tecnológicas, de salud) y deben dar soluciones a todas las aristas del binomio jóvenes y móviles, desde los controles de acceso a contenidos inadecuados (porno, pero también violencia, apuestas, alcohol o tabaco), al uso excesivo de pantallas (origen de problemas mentales, visuales, adicciones, insomnio, sedentarismo), al aumento del ciberacoso, la violencia de género en adolescentes y comportamientos delictivos como el "sexting" o el "grooming", o a problemas como la falta de conciliación familiar o la soledad, que en ocasiones son detonantes del abuso o el uso incontrolado de la tecnología.

La lista de componentes del grupo aún no está cerrada, pero estarán con seguridad el Observatorio de Infancia, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud, el Consejo Asesor Digital Joven, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar del Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios. También participarán las confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos, las entidades y organizaciones del tercer sector de ámbito estatal vinculadas con la infancia y habrá especialistas en pediatría, psicología, igualdad de género y protección de la salud mental, así como juristas especializados en la garantía de los derechos de la infancia y de la juventud. En la composición del comité habrá presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

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