Los cinco varapalos del TS contra nombramientos y ceses de cargos del Estado en un año
El último ha sido el de Magdalena Valerio como presidenta de Consejo de Estado.
El Tribunal Supremo ha anulado en poco más de un año cuatro nombramientos y un cese en relevantes puestos en organismos e instituciones del Estado que contaban con el aval del Gobierno, las Cortes y la Fiscalía General, el último el de Magdalena Valerio como presidenta de Consejo de Estado.
Pero antes fueron los nombramientos pactados por PSOE y PP a la Presidencia y Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid; la designación Eduardo Esteban, fiscal de menores nombrado por la exfiscal general Dolores Delgado, y el ascenso de esta última a fiscal de Sala como fiscal togada.
Y, además, tiene pendiente de resolver los recursos que piden anular el posterior nombramiento de Delgado para la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática que dos asociaciones fiscales ven "evidente" cuando su "pareja sentimental", el abogado y exjuez Baltasar Garzón, "ha promovido la ley de memoria democrática y la creación de una fiscalía de sala competente en la materia".
Por eso, la sentencia de este jueves que anula el nombramiento de Valerio es una más de las decisiones de calado político que invalida el Supremo y que, de un modo u otro, están vinculadas con el Gobierno de Pedro Sánchez, ya sea porque han sido designados por el Consejo de Ministros, por un acuerdo del principal partido del Ejecutivo o porque proceden de altos cargos impulsados por Moncloa.
La primera vino en mayo de 2022. El Supremo anuló el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se comunicó al Congreso dos ternas de candidatos a la Presidencia y la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos, pactados por PSOE y PP, al considerar que el procedimiento está "viciado de raíz" al apartarse de la normativa vigente tras ser acordados un mes antes de convocarse ese proceso.
Ya en marzo de este año, hizo lo mismo cuando revocó el cese de Pérez de los Cobos, acordado por Interior en mayo de 2020, que había sido cesado después de que miembros de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid entregaran un informe a la jueza que llevaba el caso de la manifestación del 8M y su posible influencia en la expansión de la covid-19.
El tercer caso fue en julio, cuando anuló por segunda vez el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de Menores, después de que la exfiscal general Dolores Delgado le designase hasta en dos ocasiones, pese a que al tribunal cuestionó su forma de proceder por ignorar "diferencias llamativas" en esta elección.
Precisamente, este martes el Gobierno ha cesado a Esteban, acatando así la sentencia del Supremo que implica anular también su promoción a la categoría de fiscal de Sala y le deja adscrito a la Fiscalía del Constitucional, el lugar donde estaba anteriormente.
Hace díez días vino el segundo varapalo a Delgado cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo anuló su ascenso a la categoría de fiscal de Sala al apreciar "desviación de poder" en la propuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la nombró fiscal togada del Supremo y ordenó que se realice una nueva.
Y la última nulidad ha sido este jueves al invalidar el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado porque reúne solo uno de los dos requisitos que fija la normativa, que es el de contar con experiencia en asuntos de Estado, pero no el de ser jurista de reconocido prestigio.
