El Ministerio del Interior ha ordenado en los últimos días poner servicio de escoltas a un nutrido grupo de políticos de diverso signo, que hasta ahora carecían de ningún tipo de protección, debido al actual clima de "crispación social" provocado por la futura amnistía , según revelaron a este periódico responsables de la seguridad del Estado. Estas mismas fuentes no quisieron precisar el número exacto de personas con nueva protección por motivos de seguridad, aunque sí confirmaron que entre los nuevos escoltados están diputados de varios grupos.

También se ha reforzado en los últimos días las escoltas de varios altos cargos del Gobierno que ya tenían 'acompañantes', así como a exresponsables del Ejecutivo de Pedro Sánchez y a diversos ministros que han sido 'escracheados' o cuyos movimientos están siendo revelados en directo en diferentes redes sociales.

Entradas y salidas

Además, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y los responsables de Seguridad del Congreso han facilitado instrucciones a diputados y responsables de varios partidos para que extremen sus propias medidas de seguridad. Asimismo, les aconsejan evitar situaciones en las que puedan verse envueltos en incidentes, particularmente a la llegada y salida del Congreso o en actos públicos.

A los diputados, además, se les ha instando también para que en estos días de la investidura y en jornadas posteriores no repitan sus rutinas habituales y eviten salir a restaurantes o a locales de ocio para evitar ser hostigados.

La última vez que el Ministerio del Interior ordenó un refuerzo generalizado de escoltas de este calado fue precisamente en otoño de 2017, a raíz del 'procés', cuando puso protección a numerosos políticos constitucionalistas que vivían en Cataluña.

Durante los peores años de ETA el Ministerio del Interior llegó a brindar escoltas a 1.600 personas dentro y fuera del País Vasco, entre ellos numerosos altos cargos que ya habían abandonado sus funciones, pero que seguían siendo objetivos de la banda terrorista. En 2011, a raíz del fin y disolución de ETA, el Gobierno de Mariano Rajoy emprendió un recorte radical en las escoltas, aunque nunca se hizo público el número de personas que siguen teniendo este tipo de protección en España.