Sánchez encarrila el pacto con Sumar y da un empujón a una investidura en manos de Junts
El PSOE prevé que solo el acuerdo con Díaz, no los sellados con los separatistas, sea ratificado por el partido y sus bases.
"No habrá acuerdo hasta que todo esté acordado". Lo ha dicho Pedro Sánchez varias veces en las únicas ocasiones en las que se ha prestado a hablar en el último mes sobre las conversaciones para su investidura. Hay pocas dudas de que todo dependerá en última instancia de Carles Puigdemont y esa parte del puzle que el líder del PSOE está obligado a armar para continuar al frente del Gobierno no está aún resuelta. Pero, a poco más de un mes para que expire el plazo de dos meses del que disponen antes de que el 27 de noviembre se convoquen elecciones automáticas, los socialistas quieren escenificar que las cosas avanzan y aspiran a anunciar de inmediato -si es posible, antes incluso de la reunión del Consejo de Ministros de este martes- el pacto programático con Sumar. Un pacto que Podemos, crítico con las negociaciones, dio hoy ya por cerrado.
La dirección del PSOE, que tiene previsto convocar al comité federal tan pronto como se produzca la foto del apretón de manos entre Sánchez y Yolanda Díaz, ya ha avisado informalmente a algunos territorios para que despejen su agenda este sábado. El máximo órgano del partido tiene entre sus facultades la de "determinar la política de alianzas", pero la militancia debe pronunciarse sobre los "pactos de Gobierno". Atendiendo a la literalidad de los estatutos, tras el comité se consultará a las bases, precisamente, sobre ese pacto con Sumar que al cierre de esta edición se seguía ultimando, sin esperar al resto de acuerdos, más espinosos, con el resto de fuerzas.
Ya ocurrió así en 2019. Los afiliados al PSOE tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre el pacto con Unidas Podemos, pero no sobre las concesiones que Sánchez hizo a ERC a cambio de que facilitara su investidura; entre otras cosas, la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat y una ambigua promesa de que los acuerdos alcanzados serían sometidos a votación de la ciudadanía catalana. Ahora tampoco se prevé que opinen sobre la amnistía a los encausados del ‘procés’ u otras cuestiones que, eventualmente, pueda acabar aceptando el jefe del Ejecutivo en funciones para amarrar el apoyo del expresidente Puigdemont, que el pasado 5 de septiembre habló de alcanzar un compromiso "histórico", y los siete diputados de Junts.
El pacto con Sumar es perfectamente digerible por las bases socialistas que, además, suelen estar más escoradas a la izquierda que la dirección. La coalición liderada por Yolanda Díaz se ha centrado, de hecho, en intentar sacar adelante cuestiones de calado económico y social como la reducción gradual de la jornada laboral, la continuidad de la gratuidad del transporte público adoptada en los últimos decretos anticrisis y la permanencia del impuesto a la banca o el control de alquileres turísticos.
Negociación colectiva
"Queremos que estas cuestiones se plasmen bien en el acuerdo", señaló este lunes el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que calificó medidas como la reducción de la semana laboral -primero a 37,5 horas y paulatinamente hasta las 32- de "fundamentales" para la coalición de izquierdas. "Vamos a seguir insistiendo hasta el final", enfatizó. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, no cerró la puerta a esa rebaja e incluso admitió que será un debate de legislatura, aunque la situó en el ámbito del "diálogo con los agentes sociales y la negociación colectiva".
Los equipos negociadores -encabezados por la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por parte del PSOE, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, por Sumar- llevan semanas trabajando contra el reloj para poder dirimir una cuestión esencial que, si bien no afecta de lleno a las negociaciones de investidura, sí resulta clave para el futuro de la legislatura. Aunque el principal escollo para materializar algunas de las cuestiones en las que más empeño ha puesto el socio minoritario del Ejecutivo reside en un Parlamento que no cuenta ya con una mayoría progresista.
Lo que no ha trascendido aún son las conversaciones en torno a la composición del posible nuevo gabinete de Sánchez, en el que deberán estar representados ministros del PSOE y Sumar, de cuya organización forman parte siete partidos con presencia en el Congreso y que aspiran a obtener alguna cartera. Ambas partes aseguran que este asunto, del que está muy pendiente, en concreto, Podemos, se dejará para más adelante, una vez la investidura esté garantizada.
El partido de Ione Belarra ya dejó claro este lunes que el pacto labrado por Díaz con los socialistas no le satisface. Fundamentalmente, porque no ha logrado que los socialistas les consideren interlocutores directos. Aunque en privado los morados defienden que no serán un obstáculo para reeditar Gobierno, sí avisan de que los votos de sus cinco diputados podrían condicionar la legislatura si no se da cabida a reivindicaciones suyas como la de subir el salario mínimo a los 1.500 euros al mes o la de mantener a su número dos, Irene Montero, al frente del Ministerio de Igualdad. "Pedimos que revalúen ese acuerdo para que sea mucho más ambicioso", advirtió el coportavoz de los morados, Pablo Fernández.
