¿Cuáles son los límites de un Gobierno en funciones?
El Ejecutivo cesante debe limitarse a gestionar los asuntos ordinarios que eviten la parálisis de la administración.
El Gobierno entró en funciones el 24 de julio y se mantendrá en esta condición hasta la toma de posesión de un nuevo Ejecutivo. Esta figura, que está recogida en el artículo 101 de la Constitución, acota las funciones de gestión diaria del presidente y su gabinete -que no cuenta con la confianza de las Cortes que salieron de las urnas el 23J- y trata de evitar que se produzcan vacíos de poder así como asegurar la continuidad de la actividad de la administración y los servicios públicos.
Para conocer qué pueden hacer y qué no Pedro Sánchez y su Gobierno hasta que se produzca el traspaso de poder al nuevo Ejecutivo hay que recurrir a la Ley 50/1997. El artículo 21, que regula estas acciones, indica que el cesante «facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvos casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas».
Este artículo distingue entre las cuestiones que no puede fijar el presidente de las del Gobierno. En el primer caso, el líder del Ejecutivo no puede «proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes», tampoco «plantear la cuestión de confianza» ni «proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo».
Ni PGE ni proyectos de ley
En cuanto al Gobierno saliente, no puede «aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado» ni «presentar proyectos de ley». En opinión de Jorge Galindo, director de Economía Política de Esade, la inexistencia o aplazamiento de unos Presupuestos Generales "suponen la incapacidad de responder a los cambios o las necesidades del año entrante". Y teniendo en cuenta que 2024 se anticipa importante en materia de política fiscal -en la medida en que se reactivará la dinámica normal entre los gobiernos nacionales y la Comisión Europea y hay de hecho un debate en marcha sobre los nuevos parámetros fiscales para toda la Unión- «la falta de un gobierno en pleno funcionamiento pesará especialmente», explica.
Tampoco puede nombrar ni cesar altos cargos; aprobar planes que vinculen la política del futuro Ejecutivo ni adoptar actos de discrecionalidad política. Además, hay que tener en cuenta que la función de control a un Gobierno en funciones corresponde su totalidad a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al nuevo Congreso, que no le ha otorgado la confianza. Ese es el motivo por el que la nueva Cámara no realiza preguntas ni interpelaciones al Ejecutivo en funciones.
El Gobierno en funciones puede llegar a declarar el estado de alarma, excepción o sitio, en situaciones de emergencia o peligro para el interés general pero necesita la autorización de la Cámara baja. También puede llevar adelante -que no aprobar- decretos leyes, en caso de extrema urgencia que deben ser convalidados en las Cortes en un plazo de 30 días.
El récord de Rajoy
Desde 2015 los últimos gobiernos en funciones alcanzaron una duración de tres dígitos. El récord lo ostenta Mariano Rajoy, que estuvo en funciones 316 días -del 21 de diciembre de 2015 hasta el 31 de octubre de 2016- después de que tras las generales de 2015 no se pudiera formar gobierno para la XI legislatura y hubiese que ir a una repetición electoral.
Por su parte, Sánchez estuvo en funciones 254 días -del 29 de abril de 2019 al 8 de enero de 2020- tras el bloqueo político de la XIII legislatura que desembocó en unos nuevos comicios en noviembre de 2019. Pese a todo, estos números aún están lejos de la marca mundial de Bélgica: 541 días.
