tribunales
Anticorrupción pide al juez que saque a Esperanza Aguirre del caso Púnica
No ve indicios suficientes para sentar en el banquillo a la exlíder del PP de Madrid ni tampoco a su sucesor en la presidencia de la Comunidad madrileña, Ignacio González.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que saque a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre de la investigación por la presunta financiación irregular del PP de Madrid en el caso Púnica, según informan este martes fuentes jurídicas.
El departamento que dirige el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón no ve indicios suficientes para sentar en el banquillo a Aguirre, quien dirigió el PP de Madrid desde 2004 a 2016, ni tampoco a su sucesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
No ocurre lo mismo, añaden las fuentes, con el exconsejero Francisco Granados, a quien sí ha pedido procesar en la Audiencia Nacional.
De atender el juez Manuel García Castellón a su petición, Esperanza Aguirre e Ignacio González correrían la misma suerte que la también expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que fue investigada por la presunta financiación ilegal de la formación hasta que finalmente quedó fuera de la causa.
La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de esta trama de corrupción por cuanto García Castellón intenta determinar si existió una 'caja b' en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la Púnica, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.
Detenidas más de 50 personas
En el primer golpe de la Operación Púnica, ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.
De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones 'a dedo' y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.
El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.
