La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado que la Generalitat de Cataluña "tiene la posibilidad de presentar un recurso" contra el 25 por ciento de castellano en la escuela catalana, pero ha recordado que las sentencias "son de obligado cumplimiento" para la administración y para "cualquier ciudadano".

Así se ha expresado Alegría en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, después de que la Generalitat haya anunciado este martes que presenta un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ejecución de la sentencia que fija un 25% de castellano en la escuela catalana.

"Las sentencias, para una administración pública, educativa o para cualquier ciudadano son de obligado cumplimiento, de la misma manera que un ciudadano o una administración tiene la posibilidad de presentar un recurso", ha señalado la ministra, que ha explicado que será el TSJC quien decida si "cambia o modifica" los plazos para la aplicación de la sentencia, a pocos días de finalizar el curso escolar. "No me corresponde en absoluto", ha añadido.

Alegría ha apuntado que a su departamento le corresponde "dar respuesta" a través de la Alta Inspección Educativa, que tiene "unas competencias muy claras", y emitirá dictámenes como respuesta al TSJC.

Por otra parte, la titular de Educación también se ha pronunciado sobre el reparto de más de 1.200 millones de euros a las CCAA para el impulso de la Formación Profesional, una "deuda pendiente" que tenía España, según Alegría, por apostar por una FP de "calidad" que piensa en los jóvenes.

"Posibilita la puerta de acceso a empleos bien remunerados y estables", ha subrayado la ministra, que ha cifrado en un 80% el porcentaje de población juvenil que encuentra un empleo tras estudiar FP.

Preguntada por la jornada intensiva en los centros escolares, después de que un informe desvelara que supone pérdidas de 8.048 millones a las familias y aumenta la desigualdad, Alegría se ha limitado a decir que son los colegios quienes, dentro de su autonomía, pueden someter la jornada escolar a debate para decidir si es continua o partida.