Con la hoja de ruta del diálogo con Cataluña ya encauzada, los fondos europeos en camino y el objetivo de vacunar al 70% de la población a tiro, el siguiente reto de la coalición pasa por aprobar los Presupuestos de 2022 dentro del plazo ordinario. Pedro Sánchez y sus socios de Unidas Podemos son conscientes de que lograrlo aseguraría lo que queda de legislatura, la más tormentosa desde la restauración de la democracia en España, y convertiría al Ejecutivo en el primero en conseguir agotar su mandato desde el primer Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015). Siempre, eso sí, que la estrategia no pase por adelantar las generales, previstas para 2023.

Pero la aritmética parlamentaria es caprichosa y la negociación no volverá a depender exclusivamente de PSOE y Unidas Podemos, que suman 155 escaños de los 176 necesarios. Para empezar, las discrepancias entre los socios no auguran una plácida confección del borrador de las cuentas públicas. Los morados, además, volverán a jugar la carta de aglutinar una "mayoría progresista" formada por partidos como Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu o Compromís para presionar desde fuera al Gobierno cada vez que consideren que la literalidad de los pactos de coalición no se están reflejando.

Ya lo hicieron con la regulación del precio de los alquileres cuando las conversaciones de los Presupuestos de 2021estaban en su recta final. Entonces la Moncloa llegó a anunciar en nota de prensa el día y la hora de la firma del acuerdo mientras que los de Pablo Iglesias seguían sosteniendo que la negociación no estaba, ni mucho menos, cerrada. No se espera, por tanto, que la votación en el Congreso vaya a ser tranquila.

Sin alternativa al bloque de investidura, Ciudadanos queda descartado. La líder naranja, Inés Arrimadas, ya da por hecho que Sánchez no recurrirá a sus nueve escaños para intentar cosechar apoyos parlamentarios a las cuentas. "Ya tendimos la mano al Gobierno para los Presupuestos de 2021, pero acabaron cogiendo la mano de (Arnaldo) Otegi y (Gabriel) Rufián", señaló el 23 de julio. Lo mismo sucede con un eventual acercamiento al PP o Vox, con los que las relaciones están completamente rotas.

Arenga parlamentaria

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, movió ficha rápido. En cuanto la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, manifestó su intención de iniciar los trabajos para confeccionar el borrador presupuestario, se apresuró a reunir a los diputados del grupo morado en el Congreso. Lo hizo el 20 de julio y les trasladó una idea clara: "Hasta ahora el Gobierno ha estado sobreviviendo a la pandemia, pero a partir de ahora toca desarrollar la agenda social". En la arenga, mentalizó a los suyos en la importancia de presionar a los socialistas para no dejar pasar asuntos como la subida de impuestos a las rentas altas, la vivienda, o el aumento de fondos para paliar los efectos del cambio climático, entre otras propuestas.

En Podemos consideran que ya realizaron demasiadas concesiones a finales del año pasado, con la urgencia de alumbrar junto al PSOE los primeros Presupuestos de la coalición. Aún no perdonan que los socialistas les prometieran la inclusión de la reforma del alquiler en la ley de vivienda durante las negociaciones -ambas partes se dieron tres meses de plazo para llevarla a la Cámara baja- y que no se haya aprobado. "Nos sentimos traicionados, los acuerdos están para cumplirse", lamentan fuentes cercanas al Ministerio de Derechos Sociales, que controla la secretaria general de los morados, Ione Belarra. El principal punto de fricción sigue siendo la intención de Ferraz de otorgar beneficios fiscales a los propietarios de las viviendas que se vean obligados a bajar el precio de arrendamiento, algo que en Podemos no están dispuestos a aceptar.

Pero los rostros han cambiando desde entonces. Este asunto tendrá ahora nueva interlocutora por parte del Ministerio de Transportes, Raquel Sánchez, que sustituyó a José Luis Ábalos en la última remodelación del Gobierno. Alcaldesa de Gavá antes de recibir la llamada del presidente para volver a Madrid, en su municipio ya se cumplía con esta regulación de los alquileres en zonas tensionadas, aunque siempre en virtud de la normativa catalana. Ahora los sindicatos de inquilinos y la propia Belarra, que encabeza las negociaciones de la ley de vivienda, le piden que "sea consecuente" y extienda esta medida al resto del territorio. De momento, las conversaciones están encalladas y ambas delegaciones mantienen el mismo mensaje de que "no habrá más ofertas".

Reforma fiscal

El asunto de la reforma fiscal también centrará el debate presupuestario. Javier Sánchez Serna, miembro del Consejo de Coordinación de Podemos y líder de la formación en Murcia, concretó el lunes pasado en una entrevista las peticiones de su partido: un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades; una subida del 1% en el de patrimonio para las grandes fortunas y diferentes incrementos del IRPF.

En el PSOE no quieren oír hablar de subidas impositivas y se aferran al comité de expertos que ya diseña la reforma fiscal, pero sus conclusiones no se conocerán hasta el año que viene. Entienden que este es el momento de la «recuperación» de la economía y, aunque aseguran que el nuevo sistema impositivo llegará, prefieren aguardar hasta entonces. "No vamos a abrir en los Presupuestos de 2022 una revisión del modelo fiscal", zanjó Sánchez a principios de julio.

Bajo estas negociaciones subyace además la idea de que ahora ambas formaciones son aliados, pero en menos de dos años, cuando empiece la precampaña electoral, volverán a competir por un electorado similar. Por el momento, PSOE y Unidas Podemos mantuvieron una primera reunión el 19 de julio. La delegación socialista vuelve a estar encabezada por María Jesús Montero y su director de Gabinete, Carlos Moreno. Mientras que por la parte morada repiten el secretario de Estado Nacho Álvarez y Josep Vendrell, hombre de confianza de Yolanda Díaz.

Lo que ya está salvado es el hito del techo de gasto. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de julio un incremento simbólico de 45 millones para marcar un nuevo máximo histórico en 196.142 millones. El mensaje es claro: mantener unas cuentas expansivas para superar la pandemia.