El Consejo de Garantías Estatutarias ha dictaminado que el fondo creado por el Gobierno catalán para avalar a los ex altos cargos encausados por promocionar el procés en el exterior se ajusta al Estatut y a la Constitución, pero recomienda modificar varios preceptos del decreto ley para "disipar" dudas.

El órgano consultivo de la Generalitat ha emitido este jueves el dictamen que pidieron PSC, PPC y Cs sobre la legalidad del decreto que regula el fondo, que en su disposición transitoria estipula que mientras no se encuentre una entidad bancaria que se haga cargo, la gestión del fondo la asumirá "provisionalmente" el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

El Consejo de Garantías, órgano que vela por la adecuación de las leyes catalanas al marco legal vigente, considera que el Govern debería modificar la disposición que regula el papel del ICF, el artículo que hace referencia al depósito del aval y el que se refiere a la obligación de retorno.

El Tribunal de Cuentas, que ha impuesto una fianza de 5,4 millones de euros a 34 ex altos cargos de la Generalitat, solicitó el pasado martes un informe a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales del ICF para cubrir las fianzas, ante las "dudas" legales que le suscitaba esta operación.