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El Gobierno alega que los motivos del cese de De los Cobos eran "reales y legales"

La Abogacía del Estado pide la anulación de la sentencia por haber dado por buenas e incluido en el relato de hechos probados manifestaciones que hizo el coronel "que contradicen el resultado de la prueba practicada". 

Diego Pérez de los Cobos
Diego Pérez de los Cobos en su declaración en 'juicio del Procés'.
Tribunal Supremo

La Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y ha alegado que los motivos que implicaron su relevo eran "reales" y "legales".

En un escrito, la Abogacía pide la anulación de la sentencia por varias razones, entre ellas por haber dado por buenas e incluido en el relato de hechos probados manifestaciones que hizo De los Cobos durante su derecho de última palabra "que contradicen el resultado de la prueba practicada".

El cese de Pérez de los Cobos se produjo en mayo de 2020 tras la publicación por el diario 'El Confidencial' de un informe realizado por la Guardia Civil en labores de Policía Judicial a las órdenes de la juez que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la manifestación del 8 de marzo.

La reciente sentencia que anuló el cese de De los Cobos dio por probado que la motivación fue no informar a Interior del contenido de las investigaciones, algo que habría sido ilegal.

En el recurso presentado, el Ejecutivo reitera que "desde la cadena de mando del Ministerio del Interior, jamás se pidió al coronel información sobre el contenido de las diligencias de la Policía Judicial", sino que se informara de las "incidencias relevantes", es decir, de que se había presentado el informe a la jueza.

La Abogacía del Estado recuerda que Pérez de los Cobos comunicó a la cadena de mando hasta cuatro "incidencias relevantes", una de ellas incluso después de que la magistrada ordenara que se extremara la cautela sobre la causa.

"No es cierto que el demandante informase 'hasta que la magistrada ordenó expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evolución y el resultado de las investigaciones'. Dicha afirmación no es cierta se mire la prueba por donde se mire y, sin embargo, ha pasado a constituir el relato de hechos probados recogido en la sentencia apelada".

El recurso insiste en que ni la directora de la Guardia Civil ni el secretario de Estado de Seguridad ni el ministro del Interior "tenían ningún interés ni realizaron ninguna actuación encaminada a indagar sobre el contenido concreto de la investigación", pues no lo habían manifestado en los dos meses que llevaba abierta.

La cuestión -añaden- es que después de haber informado de cuatro "incidencias relevantes", por algún motivo, el coronel "decidió unilateralmente dejar de informar" a pesar de que podía comunicar el cierre de la investigación -que es lo que se le pedía- sin incumplir el mandato de la jueza ni alterar el buen fin de la investigación.

Máxime -recalca- cuando no había secreto de sumario y cuando fue filtrado a "un periódico digital de ámbito nacional leído por millones de personas"."

"El demandante fue cesado por pérdida de confianza", recalca el recurso, un motivo "legal" y "real" apoyado en la falta de información sobre esas "incidencias relevantes". Es decir, se le pidió informar de la entrega del informe de la Policía Judicial a la jueza, no su contenido.

"La comunicación de semejante información a la cadena de mando del Ministerio del Interior no era ilegal, ni por la naturaleza de la investigación, ni por la legislación aplicable, ni por las órdenes impartidas por la Magistrada de Instrucción (...) Y, pese a ello, el Ministerio del Interior se tuvo que enterar por la prensa de una circunstancia – la entrega de las diligencias – que esperaba haber conocido a través de la cadena de mando".

Es decir, sostiene el Ejecutivo, "la motivación del cese es real (no se comunicó una incidencia relevante de la investigación) y es legal".

"El verdadero problema para el funcionamiento de las instituciones no es que un ministro del Interior conozca incidencias de la naturaleza que ha sido expuesta en relación con una investigación de la Policía Judicial; el verdadero problema es que un subordinado no confíe en el uso que se vaya a hacer de esa información y decida unilateralmente no comunicarla a sus superiores jerárquicos". 

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