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El Gobierno paga 1,6 millones a alumnos que estudiaron en la privada en castellano en Cataluña y la Comunidad Valenciana

Tras declararse nulo este sistema en 2018, el Ejecutivo ha indemnizado a las familias que se acogieron a él durante cuatro cursos antes de que fuera declarado inconstitucional.

El Constitucional anuló en 2018 el sistema de la Lomce que establecía la financiación de la educación del castellano en Cataluña.
El Constitucional anuló en 2018 el sistema de la Lomce que establecía la financiación de la educación del castellano en Cataluña.
Heraldo.es

El Gobierno pagará un total de 1,67 millones de euros a las familias de los alumnos de Cataluña y la Comunidad Valenciana que tuvieron que matricular a sus hijos en centros privados para que pudiesen cursar sus estudios en castellano.

De los 1.671.648 euros que va a abonar el Gobierno, 861.537 ya fueron reembolsados a las familias de 172 alumnos (167 de Cataluña y 5 de la Comunidad Valenciana) que tuvieron que seguir tres cursos escolares (de 2014 a 2017) en centros privados, y el resto, 810.111 euros, los abonará ahora a 171 estudiantes de Cataluña que tuvieron que hacer lo mismo el curso pasado.

Con esta decisión, adoptada este viernes en Consejo de Ministros para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno reembolsa a las familias el gasto ocasionado por optar por una enseñanza privada en castellano de conformidad con lo dispuesto en la Lomce y que fue declarado inconstitucional en febrero de 2018.

Según informa este viernes en una nota el Ministerio de Educación, el Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos para pagar las citadas compensaciones atrasadas y ratificar las ya abonadas.

El Tribunal Constitucional, en febrero de 2018, declaró nulo el sistema incluido en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), de 2013, por el que se abonaba los gastos de escolarización en castellano en centros privados a los alumnos que estudiaran en comunidades autónomas con otra lengua cooficial.

Tras declararse este mecanismo inconstitucional, el Gobierno ha procedido a indemnizar a las familias que se acogieron a este sistema antes de que se anulase.

Para ello, el Ejecutivo socialista ha aprobado dos acuerdos por los que se declara la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado respecto de los gastos de escolarización en castellano en centros privados en comunidades autónomas con lengua cooficial y declarados inconstitucionales febrero de 2018 y en marzo de ese mismo año.

Uno de los acuerdos aprobados compensa a las familias de los gastos ocasionados por la escolarización en castellano en centros privados de un total de 171 estudiantes del curso 2017/2018 en Cataluña (lo que supone un 0,021% de los alumnos escolarizados en dicha comunidad autónoma), con un coste de 810.111 euros.

El segundo de los acuerdos acredita lo abonado ya por el Gobierno central a las familias en relación a los gastos ocasionados por el mismo motivo de 172 estudiantes, cinco de la Comunidad Valenciana y 167 de Cataluña, correspondiente a los cursos 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017, y que asciende a 861.537 euros.

Para dar cumplimiento de las sentencias del Constitucional, el Consejo de Ministros ha aprobado estos dos acuerdos para sufragar los gastos que quedan por abonar a estas familias y para reconocer los ya reembolsados, "puesto que todos los casos reunían los requisitos que marcaba la ley", ha explicado Educación.

En la Lomce, de diciembre de 2013, se introdujo una disposición que regulaba un procedimiento por el que las familias a cuyos hijos les correspondiese escolarizarse en una comunidad autónoma con lengua cooficial podían obtener la compensación de los gastos de escolarización en centros privados no concertados donde se recibiese enseñanza en castellano.

La ley contemplaba que si la familia acreditaba que no existía oferta suficiente en castellano en la escuela pública o concertada, se abonaban los gastos derivados de la escolarización en el centro privado.

El Gobierno de la Generalitat recurrió esta ley y el Tribunal Constitucional declaró nulo dicho procedimiento en la sentencia 14/2018 de 20 de febrero y 30/2018 de 22 de marzo de 2018.

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