Nueva derrota judicial de Ángel Ron, el expresidente de Banco Popular al que se apunta como uno de los presumibles responsables de su debacle financiera. Tras ser desestimada su petición de indemnización por despido improcedente y estar pendiente de declarar -como investigado- en la causa penal abierta en la Audiencia Nacional por la caída de dicha entidad, la justicia acaba de dejarle sin la indemnización de 12,8 millones de euros por su salida, que él pactó con el consejo en 2015.

La decisión, comunicada ayer, la ha tomado el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid, cuya titular considera que Ron hizo caso omiso de la normativa societaria y bancaria, tanto europea como nacional, para salvaguardar su compensación del devenir del banco, que dejó con unas pérdidas de 3.485 millones de euros. Para ello hizo pasar, según la magistrada María Montes, una remuneración variable como si fuera una jubilación anticipada.

Sobre esto advirtió el Banco Central Europeo (BCE) "después de acordarse el cese del señor Ron y de otras personas", lo que en opinión de la jueza supone "un claro indicativo de que la regulación de las consecuencias económicas" de esas marchas «no se ajustaba a la normativa". Hizo una "especial advertencia" sobre la "necesidad de evitar la elusión de las directrices" de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que en 2015 aprobó una normativa (en vigor desde 2017) señalando que "todo lo que no es expresamente calificado de fijo es variable", pese a lo cual el contrato del expresidente distinguía como tercera categoría los pagos en especie.

Para el supervisor bancario, hacer pasar como supuesta prejubilación lo que era realmente una retribución variable -a la que él mismo renunció en febrero de 2017 en su "protocolo de extinción"- constituye una "elusión" prohibida, y así lo advirtió al Popular. La entidad lo reconoció en julio de 2017, una vez la adquirió el Santander por el precio simbólico de un euro, por lo que aplicó a Ron las cláusulas de ajuste que la ley permite «en caso de resultados negativos», asevera la juez, quien cita normas internas y externas sobre ello.

Desde "al menos 2012", según el reglamento de remuneraciones variables del Popular, estas "ya venían ligadas al cumplimiento de objetivos", así como a "la situación y los resultados de la entidad". También lo refleja la Ley de Sociedades de Capital de 2014, e incide una circular del Banco de España de 2016.

Pero aún sabiéndolo, reprocha la magistrada, el contrato de Ron -que recurrirá el fallo- no fue modificado. Por eso ahora tendrá que devolver las sumas adelantadas (215.246 euros) y otros 13.093 euros cobrados de más, además de perder el derecho a otros 42.600 euros y 10.216 acciones.

Ángel Ron ya ha anunciado que recurrirá la sentencia y exige que devuelva 12,8 millones de euros percibidos en concepto de pensión.