Bankia busca desvincularse totalmente de la época en que la entidad era administrada por Rodrigo Rato al asegurar haber llevado a cabo una "absoluta ruptura" con la gestión desarrollada en aquel periodo. Al tiempo, pide ampararse en una ley que exime al Estado y a otros organismos públicos, entre ellos el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), de la responsabilidad criminal. 

Así lo recoge el banco en su escrito de conclusiones definitivas, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido remitido a la Audiencia Nacional en el marco del juicio por su salida a Bolsa en julio de 2011. Aunque la Fiscalía Anticorrupción pidió la semana pasada la absolución penal tanto de Bankia como de su matriz (BFA), responsabilidad que mantenía desde que se iniciara el proceso, las acusaciones Adicae y Raúl Roberto Cachero Mila y otros la mantienen imputándoles un delito de estafa. 

No obstante, el Ministerio Público sí que considera que Bankia y su matriz son responsables civiles subsidiarias en caso de que algunos de los acusados (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Francisco Celma) no afronten la indemnización de los minoristas personados. 

En el documento, Bankia asegura que la entidad resultante del proceso de reestructuración "no tiene nada que ver con la antigua, ni con su patrimonio, ni sus administradores, hasta tal punto de que se puede hablar de una auténtica refundación en términos patrimoniales y corporativos en el sentido de que se ha producido una absoluta ruptura con la antigua entidad".