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Vox Murcia exige revisar la ley LGTB y prevenir la violencia intrafamiliar

El consentimiento paterno para que los menores reciban educación "moral" y "sexual" es otra de las condiciones del partido de Abascal para apoyar la investidura de Fernando López Miras, del PP.

El líder de Vox, Santiago Abascal, a su llegada este martes al Congreso de los Diputados.
El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, en imagen de archivo.
Efe/Juan Carlos Hidalgo

Un "análisis jurídico completo" de la ley de igualdad LGTB de Murcia, el consentimiento paterno para que los menores reciban educación "moral" y "sexual" y la prevención de la "violencia intrafamiliar" son algunas condiciones de Vox para apoyar la investidura de Fernando López Miras, del PP, en esa comunidad.

La formación de ultraderecha ha hecho llegar a PP y Cs un documento con 24 puntos, como una nueva ley de apoyo a las mujeres embarazadas o una revisión de la política de creación de centros de acogida de inmigrantes, que Miras y "sus socios de gobierno" deben comprometerse a "introducir en su acción de Gobierno" si quieren el imprescindible apoyo de los cuatro diputados de Vox.

Bajo el título 'Libertad', el documento al que ha tenido acceso Efe incluye 9 nueve condiciones para facilitar la investidura, entre ellas, el relacionado con la ley LGTBI regional, que en un primer momento Vox exigía que fuera derogada.

Ahora han rebajado esa petición para pedir a los servicios legales de la comunidad "un análisis jurídico completo" para "asegurar la no vulneración de derechos constitucionales".

Para garantizar a las familias el derecho a "que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones", el partido de extrema derecha pide reforzar los servicios de inspección.

También que los padres sean informados y puedan elegir "el tipo de educación moral que reciban sus hijos" y que sea obligatorio que den su "consentimiento expreso" para que los menores puedan asistir "a actividades relacionadas con contenidos éticos, sociales, cívicos morales o sexuales".

Reclaman la puesta en marcha progresiva del "cheque escolar", la "libertad de elección de centros educativos", la difusión en estos de los valores constitucionales y el conocimiento de la aportación de España a la civilización como clave de la historia y la garantía de que se puedan "adaptar los contenidos formativos a la identidad del centro siempre que sea coherente con los principios de libertad de educación recogidos en la Constitución".

Añaden la defensa de la libertad de cátedra, pero no se hace ya referencia, como en el primer documento elaborado por Vox el 26 de junio, a que esta ayude a "mitigar los estragos de la Ley de Memoria Histórica" ni se exige la derogación de esta norma estatal.

El resto de compromisos se agrupan en 'Economía, familia e impuestos', con una ley de protección integral de la familia con presupuesto para apoyo a la maternidad y fomento de la natalidad y otra de protección de las embarazadas que les "ofrezca información y alternativas para que ninguna se vea abocada al aborto".

En inmigración, piden "el cumplimiento de Ley de Extranjería en el control de fronteras" y revisar la política de creación de centros para inmigrantes menores no acompañados, lo que incluye no construir uno en la pedanía murciana de Santa Cruz.

Piden también reducciones fiscales para familias numerosas, "eliminar o reducir al máximo posible los impuestos de la región respetando los objetivos de estabilidad presupuestaria, el no incremento de la deuda y la eficiencia del gasto público" y una auditoría de las subvenciones concedidas la pasada legislatura para "garantizar que no vayan destinadas a entidades de carácter ideológico".

Esta última petición suaviza también una de las del 26 de junio, cuando proponían el fin de las subvenciones a los partidos, sindicatos y "chiringuitos dedicados al proselitismo ideológico".

Por último, pide garantizar el respeto a la libertad de pensamiento, expresión y comunicación, el derecho a no ser discriminado por la condición u orientación sexual, simplificar y reducir la administración para hacerla más ágil y transparente y un Plan Hidrológico Nacional.

"Nos consta un documento de trabajo entre PP y Vox que recoge la revisión de la ley LGTB, pero no compartimos algunos puntos", ha señalado tras darse a conocer el texto la portavoz de Cs, Isabel Franco, para quien "el problema" no es esa norma, "sino la falta de oportunidades para los jóvenes y el paro que la alimenta".

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