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Nacional

Altos cargos de Generalitat niegan que el 1-O costase dinero a los catalanes

Según Esteve, no se destinó un solo euro público ni en la campaña Civisme, ni en el registro de catalanes en el exterior, ni en los anuncios de las vías del tren, ni en los encargos a la empresa postal Unipost.

El exdirector del gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve.
El exdirector del gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve.
Efe

Las defensas del juicio del 'procés' han centrado sus esfuerzos en combatir la acusación de malversación de nueve acusados con los testimonios de altos cargos de la Generalitat que han negado la existencia de contratos públicos para el 1-O, que a su juicio no causó "ningún perjuicio" en las cuentas catalanas.

Son el exdirector del gabinete jurídico de la Generalitat y la directora general de Contratación, Francesc Esteve y Mercé Corretja, respectivamente, que han apoyado la versión de algunos acusados en cuanto a la ausencia de partidas públicas para la organización del referéndum, declarado ilegal.

"No existe contrato formal específico para actividades del 1-O, ni afectación presupuestaria, ni reserva de crédito, ni factura pendiente", ha asegurado Esteve, investigado por un juzgado de Barcelona, que ha ido desgranando uno a uno los contratos en los que la Fiscalía ve indicios de malversación.

Ni en la campaña Civisme, que quedó desierta porque las adjudicatarias renunciaron; ni en el registro de catalanes en el exterior, que ha desvinculado completamente del 1-O; ni en los anuncios de las vías del tren difundidos por medios públicos catalanes; ni en los encargos a la empresa postal Unipost, la Generalitat destinó un solo euro público al referéndum, según Esteve.

Como hizo Jordi Turull, exconseller de Presidencia del que dependía Esteve, el testigo ha hecho hincapié en que los anuncios de las vías tenían carácter "gratuito" al formar parte de un acuerdo marco, pese a que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales sigue reclamando dos facturas de un importe total de 112.747 y 223.396 euros.

Aún así, tras un estudio jurídico, la Generalitat declaró nulas las facturas porque se enviaron por correo electrónico sin usar la plataforma pertinente, aunque no ha mencionado si se dio oportunidad a la Corporación de enviarlas según la forma establecida.

La Generalitat también tenía un contrato marco con Unipost y, según Esteve, no existe ninguna factura o reserva de crédito relacionada con dicha empresa postal ni con cartelería, sobres o papeletas del 1-O.

Para Esteve, las "facturas proforma" emitidas por Unipost fueron "vistas a ojos de la Generalitat como presupuestos" y "no es un encargo formal", aunque según la Guardia Civil sí que hubo varias notas de entrega con el sello de la Generalitat que para los investigadores constituyen un pedido oficial.

En un tono menos político y más técnico, Mercé Corretja también ha negado la existencia de contratos públicos para el 1-O y ha restado validez al intento de Unipost de cobrar una factura al departamento de Trabajo porque se sirvió de una nota de entrega que "formalmente no cumplía los requisitos necesarios".

Además de a Trabajo, la empresa postal generó una secuencia de facturas que quedaron en suspenso en otras cuatro consellerias.

La jornada de este lunes también se ha centrado en el cerco a la Conselleria de Economía el 20-S, donde estuvieron tanto la exdiputada de la CUP Mireia Boya, como el histórico diputado de CDC Joan Vallvé, candidato a las europeas por la lista de Puigdemont.

Ambos han ahondado en el carácter pacífico y "festivo" de la convocatoria, que nunca contempló, según Vallvé, "coaccionar e intimidar al Poder Judicial" ni impedir el registro.

Una protesta que Boya no quería desconvocar, lo que fue objeto de discusión con el exlíder de la ANC Jordi Sànchez, que "estaba convencidísimo" de que debían terminar la concentración, como finalmente hicieron.

Antes, los Jordis (Sànchez y Cuixart) le pidieron a ella y a su compañera de partido Eulàlia Reguant que se dirigieran a los "jóvenes más entusiastas" para dejarles claro que la protesta debía ser pacífica, momento en el que se subieron a los coches de la Guardia Civil al contemplar que podían ser "un buen atril" para que les vieran, dada su "estatura".

"Sé que a muchos de vosotros os encantaría estar encima de un Patrol de la Guardia Civil. Yo tengo ese suerte de poderlo hacer, pero lo hago para recordaros que estamos ejerciendo nuestro derecho a protesta y siempre tenemos que hacerlo desde la no violencia", dijo entonces "en plan humorístico".

Más allá del 20-S, el tribunal también ha escuchado la versión de algunos testigos sobre el 1-O, como el entonces teniente de alcalde de Barcelona y diputado electo por En Común Podem, Jaume Asens, que ha defendido que el ayuntamiento apoyó la convocatoria porque había dejado de ser un referéndum para pasar a ser un ejercicio de movilización con "apariencia" refrendaria.

Según Asens, el ayuntamiento promovió el voto porque era una manera de presionar al PP, partido del Gobierno central, para restablecer el diálogo.

Aquel día, según los cálculos de la Generalitat que ha ofrecido la secretaria general de Educación, Nuria Cuenca, los daños en colegios públicos por la actuación policial ascendieron a 268.000 euros, desperfectos que no se atribuyeron a la acción de los votantes de impedir la entrada a los agentes.

La testigo ha explicado que "no se establece relación contractual" en el uso de los colegios públicos, regulado por los ayuntamientos, que pueden pedir "una contraprestación económica siempre y cuando la actividad pueda suponer gastos para la administración".

En esta jornada, que ha contado con la presencia del exlehendakari Juan José Ibarretxe entre el público, también estaba previsto que declarase el conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, si bien las defensas han renunciado a su testimonio.

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