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El mantenimiento del tramo Zaragoza-Tardienta, entre los contratos de Adif amañados por 15 empresas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sancionado con 118 millones de euros a estas firmas.

Un tren de alta velocidad Madrid-Barcelona, en la estación de Delicias.
Imagen de archivo de la estación de Delicias.
Oliver Duch

El mantenimiento del tramo del AVE entre Zaragoza y Tardienta es uno de los 275 contratos amañados por las 15 empresas que se repartieron concursos públicos de Adif, sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con 118 millones de euros. Según publica 'El Mundo', esta manipulación se urdió en otoño de 2013 en Madrid. Allí, este cártel internacional habría decidido que ganara este concurso una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Siemens, Eym (OHL), Semi (ACS) e Inabensa (Abengoa).

Las quince empresas multadas son Elecnor, Alstom, Siemens, Indra, Isolux, filiales de ACS (Cobra, CYMI, SEMI y Electren), otra de OHL (EYM), otra de Sacyr (Neopul), una de Abengoa (Inabensa), Comsa, Telice, Eym y Citracc, si bien Alstom y Siemens han conseguido reducir su sanción porque gracias a ella se inició el procedimiento tras acogerse al programa de clemencia (los miembros arrepentidos de un cártel pueden quedar eximidos de multa si denuncian al resto y facilitan pruebas) y la segunda, porque también aportó algo de información.

Se trata de la segunda mayor sanción impuesta por el organismo, solo por detrás de la de mayo de 2016 por 128,8 millones a ocho fabricantes de productos absorbentes para la incontinencia urinaria en adultos, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y cuatro directivos por pactar precios desde al menos 1996.

Más allá de las millonarias multas, por primera vez el organismo ha activado el procedimiento para que estas empresas sancionadas tengan prohibido contratar con la Administración y ha remitido la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, aunque es un paso previo que solo se podría poner en marcha cuando la resolución fuera firme dentro de varios años.

Y es que según la Ley de contratos del sector público, está prohibido contratar a entidades sancionadas con carácter firme por falseamiento de la competencia. Las compañías pueden recurrir por la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional. Después podrán ir al Tribunal Supremo, por lo que este proceso puede ser de varios años.

La mayor sanción ha sido impuesta a Cobra (ACS), con 27,2 millones de euros; seguida de Elecnor con 20,35 millones y Siemens con 16,8 millones, aunque éste ha obtenido una rebaja del 45% por ayudar en la investigación. A Alstom le correspondería pagar 8,8 millones pero por el programa de clemencia, la empresa y sus directivos quedan completamente exentos del pago.

En el comunicado de la CNMC se explica que las empresas que han sido sancionadas participaron durante 14 años en tres cárteles para falsear la competencia en las licitaciones del AVE y del tren convencional. Cada uno de los subgrupos tenía una función. Uno de los cárteles se creó para repartirse los concursos para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación del AVE. La CNMC indica que trece empresas adoptaron acuerdos para el reparto de 24 licitaciones para ello desde 2008 hasta 2016. El importe total de los contratos adjudicados al cártel asciende a 837 millones de euros.

El segundo se centró en manipular concursos para el mantenimiento de los sistemas de electrificación en líneas convencionales. Operó de 2002 a 2016, según los datos de Competencia. Las diez empresas que crearon este cártel adoptaron acuerdos en relación con 239 licitaciones, de las que 173 fueron adjudicadas, con un importe total repartido entre ellas de 134 millones de euros.

Y, por último, el tercer cártel que se repartió concursos públicos y privados para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en la alta velocidad de 2013 a 2015. Alstom e Indra presentaban ofertas con el compromiso de que la empresa adjudicataria subcontrataría a la no adjudicataria. En 2015 se sumó a esas prácticas Elecnor. Los acuerdos ascienden al reparto de al menos 84 millones de euros.

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