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Nacional

Las Palmas de Gran Canaria

Un tribunal obliga a adaptar la enseñanza a la necesidad de un niño disléxico

La sentencia reconoce a unos padres que la Consejería de Educación ha vulnerado el derecho constitucional a la igualad de su hijo. 

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Imagen de archivo.
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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado a la Consejería de Educación de la comunidad autónoma que tome medidas para que la enseñanza que recibe un niño con dislexia se adapte a sus necesidades de aprendizaje, para que pueda avanzar correctamente.

En una sentencia dada a conocer por la asociación de empleados públicos La Casa del Funcionario, el TSJC reconoce a unos padres que la Consejería de Educación ha vulnerado el derecho constitucional a la igualad de su hijo, al no atender sus reiterados requerimientos para que el niño fuera sometido a una evaluación pedagógica y para que la enseñanza se adaptara a su problema.

En 2013, los padres del niño comunicaron al colegio concertado de Gran Canaria donde estudiaba que le habían diagnosticado dislexia, por lo que pidieron que la enseñanza que le impartían se hiciera de una forma personalizada, "adaptada a sus circunstancias".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC relata que la familia recibió en los años siguientes respuestas evasivas por parte del colegio: primero, que no disponían de gabinete psicopedagógico; después, que el niño no padecía dislexia, sino una falta de estimulación del lenguaje; más tarde, que avanzaba bien; y por último, que su coeficiente intelectual estaba en la media.

Ante esas contestaciones, la familia trasladó sus peticiones a la Consejería de Educación, pero sin éxito.

Los magistrados consideran que, pese a lo que aleguen el centro escolar y la consejería, "sí existen indicios suficientes para poder exigir al colegio o bien a la administración educativa que se adopten las medidas necesarias para dar respuesta y apoyo a las dificultades de aprendizaje del menor".

La Sala considera que los problemas de dilexia del niño son "evidentes" y, además, estaban diagnosticados, lo que no contradice en nada el hecho de que su coeficiente intelectual sea de 116 porque ello "no implica que no existan dificultades de aprendizaje".

El TSJC examina algunas sentencias similares del Supremo sobre casos de alumnos con trastorno del espectro autista (TEA) y concluye que, como ellos, los niños con dislexia "están en una posición de partida de desigualdad, lo que les hace acreedores de una respuesta administrativa adecuada a sus necesidades".

La magistrada ponente de la sentencia recuerda que la dislexia está recogida en las normas como un supuesto de dificultad específica de aprendizaje y que la escolarización de los alumnos con esos problemas se rige por los principios de normalización, inclusión e igualdad efectiva.

El TSJC defiende que todo ello impone a las autoridades una doble obligación ante estos niños: primero, la puesta de medios en forma de personal, instalaciones y programas educativos adecuados a sus necesidades; y segundo, "la carga de explicar por qué los apoyos que requiere un alumno no pueden ser prestados con medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios".

La asociación que ha difundido la sentencia asegura que es la primera en España que ordena a una Consejería de Educación adaptar la enseñanza a los niños con dislexia.

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