Justicia plantea un "plan de choque" sin detalles para exhumar víctimas

El Ministerio de Justicia ha abordado este miércoles con las comunidades autónomas la actualización del mapa de fosas de víctimas de la Guerra Civil y un "plan de choque" para la exhumación de los cadáveres, aunque no se ha concretado ni calendario y ni presupuesto por parte del Gobierno central.

Así lo ha explicado el director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez, en declaraciones a los medios tras reunirse con los responsables autonómicos del área.

No ha querido pronunciarse sobre la exhumación de Francisco Franco porque "no le corresponde", y ha respondido con un "veremos" cuando se le ha preguntado si cree posible que salga del Valle de los Caídos antes de las elecciones, aunque ha subrayado que se ha hecho "un trabajo jurídico muy serio".

Martínez ha apuntado que la hoja de ruta del grupo de trabajo para 2019 se centra en la citada actualización del mapa de fosas y en el "plan de choque" para la exhumaciones. Si obtuviese financiación "de alguna manera", el objetivo es poder acometer ese plan mediante convenios con las administraciones autonómicas.

"Tenemos lo que teníamos al principio, es decir, cero euros", ha señalado Martínez tras recordar que el proyecto de presupuestos para este año, tumbado en el Congreso, incluía 15 millones para las políticas de Memoria Histórica, durante años sin fondos públicos.

Hay comunidades con procesos de exhumaciones en marcha y convocatorias de subvenciones y, según ha explicado el director general, el Ministerio de Justicia "entraría a colaborar en el supuesto de que tuviésemos la financiación para ayudar" a las distintas administraciones.

En un comunicado difundido tras el encuentro, Justicia ha subrayado que hasta que no se actualice el mapa de fosas es imposible evaluar el trabajo que queda pendiente ni abordar la elaboración del plan de choque para 2019, que incluirá las exhumaciones que las propias comunidades consideren prioritarias.

Por ello el director general ha propuesto a las comunidades que le faciliten los datos actualizados en un plazo no superior a 45 días.

Contar con un mapa real es también "imprescindible" para poder confeccionar un censo de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, ha recordado el Ministerio, que ha avanzado que el próximo lunes se reunirán en Madrid técnicos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de laboratorios que colaboran con los gobiernos autonómicos para estudiar fórmulas de cooperación que permitan poner en marcha el banco nacional de ADN.

Según el director general de Memoria Histórica, la reunión ha estado marcada por un espíritu claro: "tiene que ser el Estado el que lidere el proceso de exhumaciones", lo que incluye a la administración central, las comunidades, los ayuntamientos y las diputaciones.

Es una cuestión, ha dicho, de humanidad, de democracia y de derechos humanos, "sistemáticamente" requerida por los organismos internacionales humanitarios.

A su juicio, "el tema de la memoria histórica es un tema que hay que resolver en este país este quién esté al frente del Gobierno", aunque "unos tienen mas sensibilidad que otros".

Según las cifras que ha aportado, entre el año 2000 y 2018 se han intervenido 740 fosas y se han exhumado más de 9.000 cadáveres.

El de las fosas, ha apuntado, es un "mapa vivo". Algunas comunidades han ofrecido ya datos actualizados en el encuentro, como Andalucía, donde hay 740 fosas, o el País Vasco, donde "prácticamente no hay ninguna ya".

En la reunión de este miércoles han excusado su presencia Cataluña, Castilla-La Mancha y Ceuta, mientras que Andalucía ha enviado ha enviado a un representante "por deferencia" y para que recogiese toda la información, porque el nuevo Ejecutivo autonómico aún no ha nombrado un responsable para ese área.

Según Martínez, aunque "públicamente no hayan dicho que van a nombrar a alguien", "personalmente y por lo que se ha hablado en la reunión" se sabe que sí lo van a hacer.

En Andalucía, de acuerdo con sus cifras, en estos momentos hay 74 intervenciones autorizadas sobre fosas comunes y también hay convenios firmados para la cuestión entre la Junta, la Diputación y algunos Ayuntamientos.