Una cesión bochornosa

Resulta bochornoso que el Gobierno de Pedro Sánchez esté dispuesto a ceder a las presiones de los independentistas y admita la presencia de un ‘mediador’ -o algo parecido- en las conversaciones sobre Cataluña. La necesidad de Sánchez de que se tramiten los Presupuestos para diferir así la decisión sobre el adelanto electoral no puede justificar, de ninguna manera, una claudicación que podría lesionar seriamente el Estado de derecho.

Hay que recordar que, desde el primer minuto posterior a la farsa del 1-O, los independentistas han hecho bandera de la reivindicación de que interviniese algún tipo de mediación, preferiblemente internacional, entre el Gobierno de la nación y la Generalitat. Como si ambas instituciones no formasen parte del mismo Estado y como si no existiera, además, una clara jerarquía entre ellas. Ahora, acuciado por la necesidad de que los separatistas voten a favor de la tramitación de su proyecto presupuestario, Sánchez se muestra dispuesto a ceder al chantaje y aceptaría, según declaró ayer la vicepresidenta Carmen Calvo, la presencia de un ‘relator’ o ‘coordinador’ en una mesa de partidos que dialogase sobre el futuro de Cataluña. Hace falta mucha desvergüenza por parte de los partidos secesionistas para pedir mesas de diálogo al margen de las instituciones, cuando al mismo tiempo mantienen prácticamente cerrado el propio Parlamento catalán. Pero más grave resulta que sea el propio Gobierno de la nación el que acepte un paripé que solo sirve en estos momentos para menoscabar la autoridad del Estado de derecho. La estrategia de ‘distensión’ con el independentismo seguida por Sánchez ha sido desde el comienzo equívoca y peligrosa, pero este paso, de confirmarse, sería un error muy grave. Si no le es posible sacar adelante los Presupuestos, es hora de que el presidente dé voz a los ciudadanos españoles convocando las elecciones generales.