De constituciones, pactadas o impuestas

Muchos españoles creen que nuestro país ha tenido solo dos o tres constituciones desde que tal cosa fue posible en Occidente. Esta creencia responde no a hechos ciertos, sino a la imprecisa ‘memoria histórica’, que en materia de constituciones es de muy reciente y manipulada implantación.

Personas más informadas que la media saben que han existido al menos cuatro constituciones españolas: la de 1812, que definió nítidamente a España como reunión de todos los españoles «de ambos hemisferios»; la canovista de 1876, muy denostada luego -aunque hay quien la confunde con el régimen político y sus partidos dominantes, que no son lo mismo-, que permitió al país organizarse medianamente tras casi medio siglo de fieras discordias armadas; la de la II República, que sigue en la añoranza retórica de muchos republicanos -si bien, al contrario de lo que se hace con la de 1876, se la desvincula por completo de lo que se vivió en la calle y las instituciones durante su vigencia-; y la actual, aprobada masivamente en 1978, que estableció el Estado social y democrático de derecho, las comunidades autónomas y la monarquía parlamentaria.

Pero hubo muchas más, porque España es una nación que ha confiado a menudo el remedio de sus problemas a la letra imaginariamente taumatúrgica de sus constituciones: lo dice la ley, luego es real. Nuestro país es, incluso, hiperconstitucional, si se atiende a que, en doscientos años ha tenido no menos de once textos constitucionales, o equivalentes (excluyo las Leyes Fundamentales de Franco), si se cuentan en la lista el napoleónico de Bayona de 1808, el Estatuto Real de 1834 y la constitución no promulgada de 1856, tan fugaz que no entró siquiera en vigor, frustrada por un enésimo golpe militar. Duró cero días.

El promedio es, pues, casi de una constitución (o similar) por veintenio. Sabido lo cual, se advierte mejor el mérito de quienes discurrieron la de 1978, que ha cumplido este mes cuatro decenios sin que sus bases esenciales y principios fundamentales necesiten más que un repaso actualizador. Recurriendo a un símil informático, va siendo preciso actualizar el sistema, pero el ordenador sigue siendo una máquina sólida, potente y rápida.

No todo son avances. La citada Constitución de 1856, llamada ‘la nonata’, era de corte a la vez liberal y progresista y sus redactores tenían perfectamente claro que no podía admitirse ninguna autoridad por encima de la soberanía nacional. La idea ya estaba ahí y se puso por escrito. Hoy llama la atención que aquellos constituyentes tuvieran tan claro que no podía fundarse ningún derecho, individual ni colectivo, incluidos los de la Corona, en caducos hechos ‘históricos’. Todos obtenían su vigencia de la voluntad de la nación constituyente. Es lo contrario de lo que reclaman hoy esas ruidosas minorías que invocan, también en Aragón, nebulosos ‘derechos históricos’ asombrosamente imprescriptibles, pues existen aunque no se ejerzan ni reclamen. Aquel principio básico quedó sin estrenar, porque al general O’Donnell le pareció que el asunto estaba yendo demasiado lejos.

Este principio de la primacía absoluta del parlamento es el que subyace al peculiar sistema inglés, o británico: no es que no haya constitución, sino que no está codificada, porque es más bien la voluntad parlamentaria, considerada históricamente (no solo momentáneamente), la verdadera constitución del país.

Salvo error mío, Francia ha tenido siete constituciones desde 1791 y la última, que rige hoy con bastantes reformas, es la de 1958. Los alemanes, más noveles como nación estado, han aprobado cuatro desde 1871 y viven ahora bajo el manto de la de 1949, su famosa Ley Fundamental de Bonn, también objeto de retoques. La Italia unificada solo ha tenido y mantiene una, la de 1947. Portugal se dio la primera en 1822 y va ahora por la sexta, fechada en 1976, subsiguiente a la Revolución de los Claveles, en cierto modo nuncio de la admirable Transición española. España, pues, está en la línea europea y ha dispuesto de algunos textos constitucionales de depurada calidad jurídica y política, más estables cuanto más pactados

La Constitución de 1978 merece ser la más duradera de la historia española -aún no supera a la de 1876-, por la sobresaliente función que viene cumpliendo. Las reformas que requiera darán fruto si se producen con una mayoría amplia de apoyos, de modo que nadie en particular pueda hacerla solo suya.

Recordatorio

En 1843, hace ciento setenta y cinco años justos, el futuro marqués del Duero, general Concha -militar competente y tan liberal que fue tentado por la I República- asedió Zaragoza -liberal asimismo-, la cual se rindió tras un asedio con fuerte cañoneo (casi ochocientas bombas), hoy olvidado. El caso era atizarse, también entre liberales. La causa fue la derogada Constitución de 1837 (otra más), un texto que no fue pactado. Mejor no intentarlo: nunca salió bien.