Un pacto social e intergeneracional

Rousseau desarrolló en el siglo XVIII la teoría del contrato social para explicar cómo los seres humanos, para vivir en sociedad, ceden parte de su libertad a cambio de unos derechos que el Estado garantiza. Los ciudadanos aceptamos deberes (cumplir las leyes, pagar los impuestos...) a cambio de elegir a unos representantes que gestionen la vida pública con el objetivo del bien común.

En España, después de una prolongada dictadura, este contrato social se plasmó en la Constitución de 1978. Con ella, el país se ha modernizado como ningún otro Estado europeo en los últimos cuarenta años. Hoy es un modelo de cómo pasar pacíficamente de una autocracia a una democracia y de cómo convertirse en uno de los quince países más desarrollados del planeta. No obstante, el debilitamiento del Estado del bienestar y el empobrecimiento de las clases medias, a raíz de la crisis económica que comenzó en 2008, también se han sentido en la Península Ibérica. El fortalecimiento del malestar explica la desafección de una parte de la población española hacia el sistema: el movimiento 15-M, la indignación social por las políticas de austeridad, el independentismo en Cataluña, el auge de los extremismos tanto de izquierda como de derecha, los ataques al Régimen del 78… son señales inquietantes del debilitamiento del contrato político que se rubricó en la Transición.

En tiempos de fragmentación, lo único transversal es el desconcierto, escribe Daniel Innerarity. El hecho es que, casi de repente, el consenso de 1978 ha envejecido vertiginosamente. Urge, pues, abordar las causas del descontento social: la desigualdad, las peores perspectivas para los jóvenes, el miedo a perder el empleo por la robotización y la digitalización, el encaje territorial, las pensiones… Tras cuatro décadas, la norma fundamental debe ser actualizada para que siga sirviendo a una nueva generación durante otros cuarenta años. Ahora bien, esa adaptación puede exigir o no una gran reforma de la Carta Magna. Hay que tener en cuenta, como ha dicho el Tribunal Constitucional en una de sus más conocidas sentencias, que la Constitución "a través de una interpretación evolutiva se acomoda a las realidades de la vida moderna como medio para asegurar su relevancia y legitimidad". Del mismo modo que los filósofos contractualistas (Hobbes, Locke y Rousseau) explicaron que el Estado moderno se basa en un pacto de los ciudadanos y del mismo modo que John Rawls reformuló esta tesis para defender el Estado del bienestar, ahora ha llegado el momento de reeditar en España un pacto intergeneracional, con ajustes o con una reforma amplia de la Constitución, que reconcilie de nuevo capitalismo inclusivo, progreso social, lealtad constitucional y democracia.