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Nacional

El PP niega una interpretación "desorbitada" de los delitos de odio como apunta Fiscalía tras el caso de Dani Mateo

La fiscal general ha pedido una "reflexión sosegada" para dar a los delitos de odio una respuesta penal "proporcionada, disuasoria y garantista".

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El exministro de Justicia y actual responsable de esta materia en el PP, Rafael Catalá, no cree que se esté haciendo una interpretación "desproporcionada" o "desorbitada" de los delitos de odio, pese a que, tras el caso del humorista Dani Mateo, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha pedido una reflexión en el Ministerio Público para una aplicación más proporcionada de estos tipos delictivos.

Mateo ha sido llamado a declarar en un juzgado por un 'sketch' en el que se sonaba los mocos con la bandera de España, tras la denuncia interpuesta por Alternativa Sindical de Policía por un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España con publicidad y un delito de odio.

"No creo que se esté aplicando de manera desproporcionada ninguna ley aprobada por un Parlamento democráticamente. Estoy convencido de que los jueces aplican las leyes en los términos en que han sido aprobadas y no me parece que haya ninguna interpretación desorbitada ni en esa materia ni en ninguna otra", ha dicho Catalá en el Congreso.

El presidente de la Comisión de Interior respondía así desde la Cámara Baja ante la propuesta lanzada por la fiscal general del Estado, María José Segarra, quien, al hilo del caso de Mateo, ha pedido una "reflexión sosegada" para dar a los delitos de odio una respuesta penal "proporcionada, disuasoria y garantista".

Defiende su reforma de 2015

Catalá ha replicado defendiendo la regulación que impulsó desde el Ministerio de Justicia con la reforma del Código Penal de 2015, que considera "muy minuciosa" y "equilibrada" en lo que respecta a estos delitos. En este sentido, ha añadido que los tribunales están aplicando "el concepto de protección para las víctimas"

El exministro ha dicho desconocer los criterios en los que se basa la Fiscalía para pedir más proporcionalidad y ha pedido al Ministerio Público que concrete para qué casos la reclama porque, desde su punto de vista, con la reforma de 2015 se cubrió "razonablemente" el marco legislativo.

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