El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresident Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat en la consulta soberanista del 9N de 2014, una condena que los afectados recurrirán al considerarla "aberrante".

Según la sentencia, han sido condenados Mas, los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega y seis personas más por los gastos originados por el 9N, cifrados en 4.946.788,16 euros.

El Tribunal de Cuentas considera responsables contables directos a los citados, así como a Luis Bertran Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo Planas, Ignasi Genovès, Jordi Vilajoana y Teresa Prohias.

A Mas se le hace responsable del total de los 4,9 millones de euros y, al resto, se les van imputando importes en función de su papel en el 9N.

Homs debe responder por algo más de 1,9 millones por diversos conceptos, entre ellos la campaña de publicidad institucional, que costó 806.000 euros; Irene Rigau, por 2,8 millones destinados a la compra y traslado de los 7.000 ordenadores empleados en las mesas de votación; y Joana Ortega, por 865.600 euros.

En un comunicado, Mas, Ortega, Homs y Rigau han afirmado que la sentencia es "una aberración jurídica que vulnera la propia jurisprudencia del Tribunal de Cuentas", por lo que presentarán "el correspondiente recurso en la sala de apelaciones" del tribunal.

Para los cuatro condenados, que este martes comparecerán en rueda de prensa, la decisión del Tribunal de Cuentas "se encuentra muy lejos de la imparcialidad" y pretende ser, por un lado, "un escarmiento" para todos aquellos que llevaron a cabo el proceso participativo del 9N y, por otro, "un aviso a navegantes" para futuras ocasiones.

"No aceptamos en ningún caso la sentencia y reiteramos que de ninguna manera se ha producido ningún gasto irregular que comporte una responsabilidad contable que justifique la pena impuesta", han recalcado, además de recordar que "durante el juicio penal, el mismo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó el delito de malversación".

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha afirmado que la condena del Tribunal de Cuentas es "totalmente política" e "injusta" y ha animado a los afectados a recurrir la sentencia hasta, si es preciso, el Tribunal de Estrasburgo.

En cambio, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha destacado que Mas tiene ahora que pagar porque "malversó y gastó el dinero de los catalanes en algo ilegal".

Mientras tanto, desde L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está dispuesto a reunirse con el presidente catalán, Quim Torra, el 21 de diciembre en el Palau de la Generalitat, el mismo día en que se celebrará en Barcelona un Consejo de Ministros.

Calvo confía en que los independentistas con representación en el Congreso apoyarán las cuentas del Ejecutivo y ha avisado: "Nadie entendería un boicot a unos presupuestos que Cataluña necesita".

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha avisado a PDeCAT y ERC de que votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado es "votar 'no' a Cataluña", ya que a la Generalitat y a los catalanes "les convienen" estas cuentas.

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha advertido a Torra de que si no se aprueban los presupuestos puede "volver a la Moncloa el bloque reaccionario" del 155, incluso con VOX.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha lamentado que Podemos haga "chantaje emocional" con los presupuestos y ha advertido de que "mientras subsista la represión" contra el independentismo no sólo no van a negociarlos "sino que de pocas cosas" tienen que hablar.

A su vez, la diputada de Ciudadanos Sonia Sierra ha anunciado que su grupo presentará una proposición de ley en el Parlament para garantizar que haya "tres lenguas vehiculares" -catalán, castellano e inglés- en la escuela catalana.

Por su lado, JxCat ha propuesto la creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre la monarquía española, las "estructuras de corrupción" que puedan estar "vinculadas a la familia real" y los "supuestos fondos o cuentas irregulares que pueda tener" el rey Juan Carlos.