Que la Unión Europea clasifique a Aragón en el grupo de las regiones más desarrolladas a la hora de percibir determinadas ayudas supondrá un notable perjuicio económico para la Comunidad. Pero además, y es lo más grave, demuestra hasta qué punto Bruselas y Madrid pasan por alto las peculiaridades demográficas y territoriales de Aragón, lo que se traduce en un tratamiento financiero injusto y lesivo. El Gobierno aragonés tiene aquí una importante batalla política

Hasta ahora el Gobierno aragonés debía aportar el 50% del dinero de los proyectos que recibían financiación del Fondo Social Europeo y del Feder; pero a partir de 2021, tendrá que aportar el 60%. Se reducirá además el volumen total de fondos y será más difícil incluir proyectos aragoneses en esas ayudas. Todo ello, porque Bruselas clasifica a Aragón como región ‘más desarrollada’, una categoría en la que solo figuran otras tres comunidades españolas, Madrid, el País Vasco y Cataluña. La decisión evidencia hasta qué punto las necesidades y las características de Aragón son desconocidas o despreciadas en los centros de poder de Bruselas y de Madrid. El PIB o el nivel educativo, decisivos para esa clasificación, se ven distorsionados en Aragón por el peso de Zaragoza, ocultando los problemas de despoblación, dispersión y envejecimiento de la mayor parte del extenso territorio de nuestra región. La persistente ceguera ante esta realidad produce una tremenda injusticia hacia los aragoneses, tanto en la financiación autonómica como en el reparto de ayudas europeas. El volumen final de fondos de la UE que llegue a Aragón dependerá en buena medida de la negociación posterior entre el Ministerio de Hacienda y las autonomías, un escenario en el que el Ejecutivo aragonés habrá de batirse el cobre. Pero la batalla esencial debe darse para incluir de una vez criterios de evaluación de la realidad económica y social territorial que permitan que Aragón reciba un trato equitativo.