Avanzar por la senda de la igualdad y la conciliación sigue siendo hoy una obligación colectiva. Pero avanzar en una dirección y renunciar a otras solo puede conducir al conflicto social. Cuando el actual Gobierno de Sánchez plantea un permiso de paternidad de cuatro meses para los funcionarios cabe interpretar, de entrada, que está dando otro paso hacia esa sociedad más equilibrada. Pero si ese es el fin del camino, como también parece desprenderse del discurso oficial, se estará consumando una nueva injusticia social -inconstitucional- con los demás trabajadores. La función y la administración públicas siguen pendientes en este país de la gran reforma que todos los gobiernos prometen y ninguno afronta, siquiera -y al margen de otras consideraciones- para alcanzar la eficacia y eficiencia que deben garantizar. Cualquier otro planteamiento solo contribuirá a alimentar el estereotipo del funcionario privilegiado al que afectan pco o nada las reformas laborales o las devaluaciones salariales y, además, se le compensa con beneficios laborales que no se generalizan. Todo por el exclusivo interés partidista y electoral de mantener un voto que siempre se ha pretendido cautivo.