La comisión de expertos del Ministerio de Justicia que analizará la conveniencia de cambiar la tipificación de los delitos de abuso sexual y violación tras el escándalo social provocado por la sentencia de la Manada tendrá al final una composición paritaria, que será además permanente, tanto para este encargo como para otras labores de asesoramiento al Gobierno que pueda recibir en el futuro.

Así lo anunció este jueves el titular de Justicia, Rafael Catalá, después de que el presidente de la Sección Penal de la Comisión General de Codificación, que es el nombre de este órgano asesor para la elaboración de leyes, le comunicase que sus actuales miembros, 19 vocales permanentes varones, tres expertas en Derecho Penal reclutadas solo para este encargo, y la presidenta de la Abogacía Española, que es vocal nata, habían acordado por unanimidad que no iniciarían los trabajos que les había encargado hasta que el ministro aceptase reestructurar la sección para que tuviese una "composición equilibrada" de hombres y mujeres.

Los actuales 23 miembros acordaron el plante -suspender los trabajos hasta que Catalá no aceptase su demanda- en su primera reunión, después de hora y media de debate. Coincidieron en que el órgano, con una composición tan sesgada y desequilibrada por sexo, no estaba legitimado para trabajar ni en revisión del Código Penal ni para realizar cualquier otro encargo.

Los vocales, con esta decisión, expresaban a un tiempo el convencimiento propio y recogían la exigencia reiterada durante días por partidos políticos y organizaciones y colectivos jurídicos y de mujeres, que reclamaron que el informe técnico para actualizar los delitos contra la libertad sexual no podía realizarse por un comité sin apenas mujeres juristas, al tiempo que calificaban la composición del órgano, designado por libre elección de los ministros de Justicia, de "patriarcal".

La solución aceptada por el ministerio es que Catalá, en los próximos días, deberá nombrar tantos vocales permanentes femeninos para la Sección Penal como sea posible hasta alcanzar el máximo de 30 que permite su reglamento, de entre juristas de reconocido prestigio con al menos 15 años de ejercicio de profesión o de experiencia docente e investigadora.

Teniendo en cuenta que los vocales estables son ahora 18 juristas -este jueves ha dimitido el exfiscal general Javier Moscoso para dejar hueco a sangre nueva y el martes lo hizo el catedrático Francisco Muñoz Conde por desacuerdo con una posible reforma legal 'en caliente' que consideraba "demagógica"-, el ministro puede nombrar a un mínimo de 12 expertas permanentes.

La cifra podría ser mayor, incluso llegar al equilibrio del 15-15, si se producen en las próximas horas un mínimo de tres dimisiones más ente los actuales miembros estables. En cualquier caso, aunque no fuese así, Catalá siempre podría alcanzar una cuasi paridad momentánea manteniendo a las tres vocales adscritas ya nombradas para este encargo, que sumadas a las plazas permanentes y a la nata -la presidencia de la Abogacía- supondrían 16 mujeres frente a 18 varones.