Patético y triste ha resultado el final de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. Seguramente, hubiera presentado de todas formas su renuncia la semana que viene, al objeto de evitar que la prevista moción de censura en la Asamblea regional instalase un gobierno de la izquierda. Pero a estas horas lo más probable es que se haya arrepentido, y mucho, de haber esperado tanto. Si hubiese dimitido hace unas semanas, cuando el asunto del máster impropiamente obtenido quedó más que visto para sentencia ante el tribunal de la opinión pública, se habría ahorrado el bochorno de ayer. Porque si sus trapisondas y sus excusas con el título universitario resultaban vergonzosas y ridículas, la revelación del hurto cometido en un hipermercado, cuando ya ocupaba un cargo político más que relevante, ha sido una humillación demoledora. Una dimisión a tiempo es muchas veces la salida más honorable, o menos deshonrosa; pero ha de ser a tiempo.

Los políticos tienen que asumir, cada vez más, que viven en una casa de cristal. Que todas sus palabras y todas sus acciones pueden caerles encima cuando menos se lo esperen, aunque haya pasado mucho tiempo.

Esta realidad tiene, claro, una parte positiva; pero también una cara inquietante. Entre otras cosas, porque no es seguro que en España tengamos tantos santos y tantas santas como para llenar con garantías todos los sillones de nuestras asambleas legislativas, de nuestros ministerios y de nuestras consejerías. Que son muchos sillones. Y porque, en este mundo de cámaras y micrófonos omnipresentes y en el que un comentario destemplado puede tener vida eterna, la misma espada de Damocles que pesa sobre los políticos puede caer sobre la cabeza de los particulares.

Cifuentes debe su caída y su sofoco a sus propios errores. Pero eso no permite descartar que, como ella misma y algunos comentaristas señalan, haya existido una sórdida y vengativa conspiración contra su persona. Demasiadas veces, los prolegómenos electorales se convierten en vísperas sicilianas.