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Nacional

El Supremo confirma la estafa en Afinsa pero reduce a 8 años de cárcel la pena para los principales exdirectivos

El alto tribunal estima en parte los recursos de casación planteados por cinco de los acusados de la estafa que afectó a 3.192 aragoneses

Una de las protestas de los afectados por Afinsa en la plaza de España.
Una de las protestas de los afectados por Afinsa en la plaza de España.
Guillermo Mestre

El Tribunal Supremo ha rebajado a ocho años las penas de cárcel para los cinco principales exdirectivos de Afinsa, entre ellos el expresidente Juan Antonio Cano Cuevas, por delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de las cuentas anuales ante la estafa piramidal que se produjo con la compraventa de sellos en la empresa filatélica.

El alto tribunal estima en parte los recursos de casación planteados por estos cinco acusados contra la sentencia inicial de la Audiencia Nacional, de julio de 2016, ya que, aunque ratifica que todos ellos cometieron los mismos delitos que estableció la Audiencia, señala que hubo un concurso ideal entre los delitos de estafa e insolvencia, y un concurso medial entre éstos y el delito de falsedad de las cuentas anuales.

Esto supone reducir la condena del expresidente de Afinsa, Cano Cuevas, de 12 años y 10 meses a 8 años y 7 meses; y en los otros cuatro casos pasar de 11 años de cárcel a 8 años. Se trata de Albertino y Carlos Figueiredo, Vicente Martín Peña, y Emilio Ballester López (los tres primeros condenados como autores de los mismos delitos, y el cuarto como cooperador necesario de los mismos).

Además, los cinco mencionados más el director del departamento jurídico de Afinsa, José Joaquín Abajo Quintana, para quien se confirman 6 años y 3 meses de cárcel como cooperador necesario de la estafa, deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria con 2.574 millones de euros a los 190.022 pequeños inversores siendo Afinsa Bienes Tangibles SA responsable civil subsidiaria del pago de dichas cantidades.

Además de Cano y el resto de altos directivos, el Supremo ha condenado a dos años y una multa de 17,7 millones de euros al proveedor de filatelia, Francisco Guijarro. Por su parte, absuelve a los hijos de éste, Rubén y Natalia, de ser partícipes a título lucrativo, al igual que al jefe de operaciones de la filial en Europa, Ramón Egurbide.

En todo el país, 200.000 pequeños ahorradores perdieron lo que habían invertido en sellos de Afinsa , casi 2.000 millones de euros en total. De ellos, había 3.200 afectados en Aragón que tenían depositados 35 millones de euros, según los cálculos que en 2015 realizó la asociación de consumidores Adicae.

Una sentencia que causa "decepción"

La asociación de consumidores Adicae ha manifestado su "insatisfacción" tras conocer la decisión del Tribunal Supremo. El presidente de la agrupación, Manuel Pardos, ha asegurado que a la cúpula de la compañía filatélica "les ha llegado el 'Black Friday' de la justicia" con las "rebajitas" del alto tribunal, que ha esgrimido como principal argumento que la sentencia de la Audiencia Nacional se amparó en un Código Penal que no estaba en vigor cuando se cometieron los hechos.

En el veredicto, los magistrados de la sala de lo Penal ratifican que los condenados hicieron valer la "apariencia de una solvencia garantizada, creada con la contabilidad, y la sobrevaloración de los sellos" a fin de "causar un perjuicio a terceros, dada la abismal diferencia entre la apariencia contable y la realidad del estado económico".

Con todo, recuerdan que los cambios legislativos aplicados con posterioridad, en este caso la reforma de 2015, no pueden ser tenidos en cuenta, razón por la que disminuyen la condena de los acusados, que deberán abonar además una multa superior a los 100.000 euros.

Según Pardos, el fallo, que "nada tiene que ver con la alarma y las cantidades defraudadas a las familias", ha despertado el "enorme" descontento y la "decepción" de todos los afectados y de Adicae, que "desconfían de esta justicia impropia de un Estado de Derecho y de una tutela judicial efectiva".

Por ello, llama a las familias perjudicadas a "rebelarse" contra los Gobiernos y los políticos "que han tenido la desvergüenza de hacer promesas para después no cumplirlas".

La asociación considera que resulta "muy barato defraudar en España", máxime cuando la condena de los gestores por estafa, insolvencia punible y falsedad contable "no conseguirá la restitución de las cantidades" después de once años y medio de proceso.

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