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Nacional

La Guardia Civil interroga a funcionarios de la Generalitat por el censo de catalanes en el extranjero

La Fiscalía Superior de Cataluña abrió en marzo diligencias ante posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación en la preparación del referéndum soberanista.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), junto al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), junto al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras
EFE/Toni Albir

La Guardia Civil ha citado a media docena de personas, entre ellos algunos funcionarios de la Generalitat y publicistas, en la investigación abierta por un juez de Barcelona sobre la campaña institucional del Gobierno catalán para incentivar la creación de un censo de catalanes en el extranjero.

Según ha adelantado la emisora Catalunya Ràdio y han confirmado a Efe fuentes de la investigación, entre las personas citadas por el instituto armado figuran funcionarios del departamento de Difusión y de la consejería de Exteriores, así como trabajadores de la agencia de publicidad a la que la Generalitat encargó la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero.

Algunos de los funcionarios, entre ellos un cargo de confianza de Presidencia responsable de redes sociales y personal laboral de este departamento, han sido interrogados este miércoles como testigos en las oficinas de la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona, donde ha acudido también una abogada de la Generalitat.

Según las fuentes consultadas, la Guardia Civil centra los interrogatorios a la media docena de testigos en la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero y la web del Pacto Nacional por el Referéndum, integrado por varios partidos y entidades soberanistas y que se constituyó en diciembre del pasado año con la presencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La Guardia Civil ha llevado a cabo estas citaciones en su función de policía judicial en una causa abierta por el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, según las fuentes.

El juez mantiene en secreto la causa, que abrió inicialmente a raíz de las manifestaciones del juez y exsenador de ERC Santi Vidal, que en varias conferencias aseguró que el gobierno catalán estaba recopilando datos fiscales de los catalanes y haciendo clasificaciones de los jueces por su ideología.

De forma paralela a esta investigación judicial, la Fiscalía abrió a finales de marzo pasado diligencias por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales en relación a la supuesta preparación del referéndum independentista, a raíz de la publicación de un anuncio institucional sobre el "registro de catalanes y catalanas en el exterior".

Sin embargo, el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha acabado asumiendo en una sola pieza tanto el caso Vidal como la investigación inicial de la Fiscalía sobre el censo de catalanes en el extranjero, porque en ambos procedimientos había pesquisas que se solapaban, al estar vinculadas al proceso soberanista.

Según las fuentes consultadas, las comparecencias ante la Guardia Civil de funcionarios y miembros de la empresa de publicidad a la que la Generalitat encargó la campaña publicitaria se iniciaron hace dos semanas.

De hecho, la Guardia Civil, a quien el juez había encargado ya varias diligencias sobre al "caso Vidal", había requerido previamente, a instancias del ministerio público, los expedientes relativos a la campaña de publicidad institucional con la que la Generalitat pretende promover la inscripción en el registro de catalanes residentes en el exterior.

La campaña, con el lema "¿Tienes familiares o amigos en el exterior?", incluía una fotografía con una tableta electrónica en la que aparece el mapa de Cataluña y la pregunta "¿Sí o no?" en letra negrita, lo que llevó a los partidos de la oposición a advertir de que se podría tratar de un censo de catalanes en el exterior para el referéndum independentista.

Además de estas pesquisas, la Guardia Civil también tiene encomendada la investigación que la Audiencia Nacional abrió en marzo del pasado año a entidades y empresas que supuestamente están colaborando con la Generalitat para poner en marcha estructuras de Estado, como los servicios de inteligencia o la Agencia Tributaria Catalana.

En el marco de estas diligencias, abiertas por delitos de sedición y malversación, la Fiscalía ha pedido a la Guardia Civil que requiera a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad documentación sobre los contratos con la Generalitat en relación a la supuesta en marca de esas estructuras.

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